La Audiencia Nacional sentenció que Lopez-Amor cometió abuso de autoridad

El director general de RTVE y ex diputado del Partido Popular, Fernando López-Amor, fue objeto de una sentencia de la Audiencia Nacional en octubre de 1992, en contra de lo que él mismo ha sostenido en varios medios de comunicación en los últimos días. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo sentenció que López-Amor había incurrido "en una falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo". El fallo le imponía una sanción de 15 días de suspensión de funciones.

El pasado viernes, Fernado López-Amor declaró en Onda Cero que "no hubo ninguna sentencia". Ay...

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El director general de RTVE y ex diputado del Partido Popular, Fernando López-Amor, fue objeto de una sentencia de la Audiencia Nacional en octubre de 1992, en contra de lo que él mismo ha sostenido en varios medios de comunicación en los últimos días. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo sentenció que López-Amor había incurrido "en una falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo". El fallo le imponía una sanción de 15 días de suspensión de funciones.

El pasado viernes, Fernado López-Amor declaró en Onda Cero que "no hubo ninguna sentencia". Ayer, en una entrevista en ABC ya no negaba directamente la existencia de la sentencia aunque dio un rodeo ante la pregunta que le colocaba frente a la existencia de ese veredicto: "Es que yo recurrí por todos los medios y conmigo recurrió también la asociación [profesional de inspectores de finanzas de la administración tributarla del Estado]. Recurrí por vía administrativa, judicial y contenciosa, y no conseguí más que, en vía administrativa, que se rebajara la sanción inicial".La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional lo que hizo exactamente el día 27 de octubre de 1992 fue declarar "al recurrente D. Fernando López-Amor García incurso en una falta grave de 'abuso de autoridad' en el ejercicio del cargo, prevista en el artículo 7-1 b) del citado reglamento [de 10 de enero de 1986], con su sanción aneja de quince días de suspensión de funciones, por ser ajustada a Derecho y arreglada al ordenamiento jurídico". El texto judicial advertía que era una "sentencia firme, sin que contra la misma pueda interponerse recurso de casación".

Para eludir esa contundencia del tribunal, tan adversa para la versión que ahora da de los hechos, López-Amor intentó sostener ayer en ABC que había sido él quien renunció voluntariamente a seguir pleiteando. "En materia personal el criterio judicial contenciosoadministrativo siempre es claramente restrictivo y, dado que era un asunto político, entendí que era muy difícil que lo. pudiera ganar y renuncié a seguir recurriendo en amparo".

En todo caso, el comentario supone un cambio respecto a sus propias declaraciones del pasado viernes, cuando negó que hubiera habido una sentencia porque "lo que ha habido", dijo en Onda Cero, ha sido un expediente administrativo que, por primera vez en la historia de la administración española, se apartaba de, la propuesta de resolución que hicieron los instructores".

Ayer, López-Amor sostenía todavía en ABC que su "abuso de autoridad", siendo jefe de la Unidad de Inspección de la Administración de Hacienda de Madrid "no es más que un infundio lanzado precisamente por los que han sido responsables de los 200.000 millones de pesetas que ha dejado de ingresar la Hacienda Pública como consecuencia de un acto de negligencia importante".

López-Amor ha querido dar envoltura de caso político a lo que la Audiencia Nacional ha dictaminado como un puro caso de abuso de autoridad. Aquella en la que incurrió el entonces jefe de la Unidad de Inspección al pedir a un subordinado suyo, en abril de,1989, "la información existente en la Base de Datos Nacional respecto a don Francisco Javier Soto Carmona". Javier Soto era concejal del CDS en el Ayuntamiento de Madrid, había decidido apoyar al alcalde socialista Juan Barranco, y si abandonaba el ayuntamiento quien entraría en su lugar sería precisamente López-Amor, lo que finalmente ocurrió.

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Para no tener que entrar en explicaciones sobre ese comportamiento, López-Amor ha sacado a relucir que él era en 1989 presidente de los inspectores de Hacienda. Y que "había tenido paralizada por huelga toda la Inspección de Hacienda, durante dos años, como consecuencia del intento de Borrell de politizarla, suprimir [sic] las oposiciones para ingresar en el cuerpo y hacer una inspección designada a dedo, dirigida ya sabemos a quién". "Mi actitud evidentemente me convertía en objetivo político, y la represalia se vio en ese expediente administrativo", dijo ayer en ABC. De ese expediente administrativo, la Audiencia Nacional anuló la declaración de falta leve, y resolvió que López-Amor había cometido una falta grave de abuso de autoridad.

López-Amor insistió ayer en ABC en negar los hechos que motivaron esa sentencia y tachó de "falso" que hubiera investigado a un rival político.

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