Aclaración

Acabo de leer la información de EL PAÍS del 11 de febrero sobre las 15 cuentas corrientes de las que supuestamente soy titular y que la juez doña Teresa Chacón ha ordenado el envío de los movimientos de dichas cuentas. En relación a ello le quiero manifestar lo siguiente:1. En mi declaración en el Juzgado 39 el pasado 13 de enero, fui yo quien ofreció entregar la información de mis cuentas bancarias. Posteriormente la juez solicitó las cuentas a mi nombre a la Agencia Tributaría.

2. La Agencia ha proporcionado las cuentas de los dos titulares de mi sociedad de gananciales....

Acabo de leer la información de EL PAÍS del 11 de febrero sobre las 15 cuentas corrientes de las que supuestamente soy titular y que la juez doña Teresa Chacón ha ordenado el envío de los movimientos de dichas cuentas. En relación a ello le quiero manifestar lo siguiente:1. En mi declaración en el Juzgado 39 el pasado 13 de enero, fui yo quien ofreció entregar la información de mis cuentas bancarias. Posteriormente la juez solicitó las cuentas a mi nombre a la Agencia Tributaría.

2. La Agencia ha proporcionado las cuentas de los dos titulares de mi sociedad de gananciales. Pero, además, ha añadido ocho cuentas de las que es titular mi esposa y su familia como consecuencia de la herencia de su padre fallecido en 1982 y puesta a disposición de su madre como usufructuaria. Son cuentas de las que no soy ni titular ni autorizado y, sobre todo, no entiendo que nadie tenga derecho a invadir la intimidad de sus honorables titulares.

3. El día 10 de febrero se envió escrito al Juzgado 39 indicándole otra cuenta de la que soy titular y no había sido puesta en conocimiento del Juzgado por la Agencia Tributaria por haber sido abierta en 1992.

Tengo la convicción de ser víctima de una injusta campaña difamatoria, pero también de que, y ése es el motivo de esta carta, su periódico está siendo utilizado sistemáticamente como plataforma para tal difamación.

Estoy absolutamente seguro de que ésa no es su intención pero por eso quiero advertirle de la colaboración que puede estar prestando a intereses bastardos bajo la apariencia de la defensa del derecho a la información. Su efecto es un devastador escarnio personal y familiar sin posibilidad de ser compensado al final de un proceso en el que se está buscando un muerto que justifique la acusación previa de haberse cometido un delito.-