El Gobierno acordará hoy el envío al Supremo de los 'papeles del Cesid' para su examen secreto
El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez García, ha requerido al Consejo de Ministros, que se reúne hoy, para que los 20 papeles del Cesid sobre la guerra sucia reclamados por tres jueces sean trasladados "a la sede del Tribunal Supremo, en las condiciones de seguridad que se consideren procedentes, para que puedan ser examinados reservadamente por todos los magistrados [33] que componen la sala". La cita será el día 12 a las 17 horas; aunque tendría que retrasarse si el letrado recurrente impugnase la resolución. El Gobierno dará hoy luz verde a la entrega de los...
El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez García, ha requerido al Consejo de Ministros, que se reúne hoy, para que los 20 papeles del Cesid sobre la guerra sucia reclamados por tres jueces sean trasladados "a la sede del Tribunal Supremo, en las condiciones de seguridad que se consideren procedentes, para que puedan ser examinados reservadamente por todos los magistrados [33] que componen la sala". La cita será el día 12 a las 17 horas; aunque tendría que retrasarse si el letrado recurrente impugnase la resolución. El Gobierno dará hoy luz verde a la entrega de los documentos.
, Las tres resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo el 3 de febrero son diferentes en cuanto a los documentos a las que se refieren, pero idénticas en su fundamentación y en la delegación en el presidente de la sala para fijar la fecha y hora para el examen de los informes secretos. También coinciden en reclamarlos al Consejo de Ministros, que el 2 de agosto de 1996 acordó no desclasificar los papeles del Cesid pedidos por los jueces Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, que instruyen casos relacionados con la guerra sucia contra ETA.En la Sala Tercera denegaron ayer a los informadores copias de las resoluciones dictadas. En una de ellas, de siete folios, la relativa al caso Lucía Urigoitia (la presunta etarra fallecida en 1987 a consecuencia de disparos de la Guardia Civil), de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Cancer Lalanne, se insiste mucho en la peculiaridad de este proceso, lo que justifica que la práctica de la prueba se realice "sin intervención del Ministerio Fiscal ni de las partes".
El objetivo del examen reservado de los documentos secretos por parte de los 33 magistrados que integran la sala no es otro, según la resolución, que "conocer su contenido y los requisitos formales de su clasificación".
En cambio, las tres resoluciones rechazan que el examen de los documentos secretos tenga por finalidad, como pretendía el abogado Íñigo Iruin, "determinar si su contenido afecta o no a la seguridad del Estado, dañándola o poniéndola en riesgo en el caso de ser conocidos por personas no autorizadas". La Sala Tercera del Supremo aprecia que tal finalidad "no va dirigida a acreditar los hechos, sino a establecer unas valoraciones jurídicas que forman parte del contenido propio de la sentencia, por lo que en este punto es procedente inadmitirla".
Documentos aún secretos
En cuanto a la propuesta de Iruin de exhibición y cotejo de los documentos que guarda el Cesid con las versiones reclamadas por los jueces, "considera la sala", dicen las tres resoluciones, "que la evidente trascendencia de su práctica para la decisión del litigio no puede hacer omisión de la peculiar característica de éste, al versar sobre un objeto que en principio está constituido por unos documentos clasificados como secretos".
Las tres resoluciones invocan la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, para afirmar que el carácter secreto de los documentos "no se desvirtúa porque permanezca abierto un proceso sobre los rnismos". Por el contrario, agregan, tal cualidad de secretos "nos obliga a adoptar cautelas realmente excepcionales con respecto a las normales en el régimen jurídico común de la prueba".
La Sala Tercera explica que tales cautelas "en este caso nos vienen impuestas por una necesaria compatibilización, de la obligación jurídica de satisfacer el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y el reconocimiento, en el artículo 105 b de la Constitución, de una restricción del acceso a los archivos y registros administrativos, en lo que puedan afectar a la seguridad y defensa del Estado".
"En función de estas circunstancias", añaden las resoluciones, "la Sala hará el examen de los documentos reservadamente, sin intervención de las partes, si bien para preservar al máximo la mediación en el conocimiento de los mismos, lo hará con la participación de todos los magistrados". El Supremo rechaza así la propuesta del fiscal de que el examen de los documentos lo hicieran in camera sólo tres de magistrados.Aunque la propuesta subsidiaria de Iruin -consistente en el examen reservado de los papeles por todos los magistrados de la sala- ha sido la aceptada, su no participación en la prueba y el rechazo de numerosas peticiones de documentos hacen verosímil la presentación de un recurso contra las tres resoluciones. El plazo, de cinco días, concluye a principio de la semana próxima.
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