El Supremo juzgará a un diputado de IU por presunta prevaricación

José Luis Centella Gómez, diputado de Izquierda Unida (IU), recibirá el viernes próximo un cierto varapalo de sus compañeros del Congreso cuando concedan el permiso que el Tribunal Supremo ha pedido mediante suplicatorio para actuar contra él por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Hacienda Pública. Así lo ha decidido' por unanimidad la Comisión del Estatuto del Diputado, si bien cuando adoptó esta resolución no estaba el representante de IU.Este tipo de reuniones se celebra con carácter secreto. Lo mismo ocurrirá el día 27, cuando el Pleno vote dejar a Centella en manos de la...

José Luis Centella Gómez, diputado de Izquierda Unida (IU), recibirá el viernes próximo un cierto varapalo de sus compañeros del Congreso cuando concedan el permiso que el Tribunal Supremo ha pedido mediante suplicatorio para actuar contra él por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Hacienda Pública. Así lo ha decidido' por unanimidad la Comisión del Estatuto del Diputado, si bien cuando adoptó esta resolución no estaba el representante de IU.Este tipo de reuniones se celebra con carácter secreto. Lo mismo ocurrirá el día 27, cuando el Pleno vote dejar a Centella en manos de la Justicia. El informe a estudiar no deja dudas por cuanto que la inmunidad parlamentaria, como prerrogativa institucional, no puede ser aplicada en este caso. A juicio de los miembros de la mencionada comisión, el procedimiento contra Centella no tiene que ver "con una persecución política por razón de su condición parlamentaria". Para los comisionados tampoco se trata de "alterar la composición de las Cámaras emanadas de la voluntad popular".

Parcela en Benalmádena

Los hechos por los que Centella tendrá que rendir cuentas se remontan a julio de 1988, cuando era concejal del Ayuntamiento malagueño de Benalmádena. Junto a otros seis ediles, el actual diputado de IU votó en un pleno municipal a favor de adjudicar una parcela de la playa para una explotación comercial "en contra de los informes del secretario e interventor del Ayuntamiento y a sabiendas de que no reunía los requisitos exigidos".El auto dictado por la Sala Segunda del Supremo afirma que los hechos "son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del que son coautores los querellados, que de común acuerdo, mediante una cadena, dictaron resoluciones injustas, tomadas a sabiendas, y con conocimiento pleno de su adopción".

La acusación pide para Centella la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, por lo que, si fuera condenado, tendría que abandonar el escaño.