Defensa investiga la filtración a la prensa de los 'papeles del Cesid'

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación interna para determinar el origen de la filtración de los autos judiciales que contienen los llamados papeles del Cesid, publicados esta semana por EL PAÍS y El Mundo. El titular del Juzgado de Intrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, ha abierto una pieza separada en el sumario del caso Lasa y Zabala en torno a la difusión de los documentos secretos que el Gobierno se negó a desclasificar.

Gómez de Liaño ha pedido explicaciones, a Defensa, ya que uno de los autos cuyo contenido íntegro fue reproducido el m...

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación interna para determinar el origen de la filtración de los autos judiciales que contienen los llamados papeles del Cesid, publicados esta semana por EL PAÍS y El Mundo. El titular del Juzgado de Intrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, ha abierto una pieza separada en el sumario del caso Lasa y Zabala en torno a la difusión de los documentos secretos que el Gobierno se negó a desclasificar.

Gómez de Liaño ha pedido explicaciones, a Defensa, ya que uno de los autos cuyo contenido íntegro fue reproducido el martes por EL PAÍS contiene un sello que supuestamente pertenece a dicho departamento.Las resoluciones fueron dirigidas por los jueces Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez al Ministerio de Defensa, para su elevación al Consejo de Ministros. En los escritos se solicitaba la desclasificación de una serie de supuestos del Cesid, que transcribían. Los autos fueron distribuidos a media docena de organismos del Ministerio de Defensa, así como a otros departamentos.

Las tres resoluciones judiciales fueron objeto de un dictamen del Consejo de Estado, emitido en julio, a favor de la competencia del Gobierno para mantener o no el secreto. Presidencia del Gobierno también fue destinataria de las peticiones judiciales, sobre cuya desclasificación o no se pronunciaron los miembros del Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros del 2 de agosto.

Una vez producido el acuerdo gubernamental e impugnado ante la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Defensa remitió también los documentos al Servicio Jurídico del Estado y a los tres ponentes de los respectivos recursos admitidos a trámite por la mencionada sala: Enrique Cáncer Lalanne, del recurso de los familiares de Lucía Urigoitia; Gustavo Lescure, del recurso de la acusación del caso Lasa-Zabala, y Ramón Trillo, del recurso de la acusación del caso Oñederra. Dado que los tres recursos serán resueltos por el pleno de la Sala Tercera, a partir de ayer se han distribuido las resoluciones a todos sus magistrados.

El juez Manuel García Castellón también investiga las filtraciones de los papeles del Cesid. Dicho magistrado -que sustituye a Garzón en la instrucción del caso. Oñederra, mientras se resuelve la recusación del abogado Jorge Argote- abrió ayer una pieza separada para determinar el origen de la filtración de la exposición motivada que el juez Baltasar Garzón elevó al Gobierno el 16 de mayo de este año.

El amparo a Garzón

Garzón se reunió ayer con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, para tratar del amparo solicitado por el juez en relación con una nota del Cesid y las manifestaciones del ministro de Defensa Eduardo Serra sobre la publicación de los papeles del Cesid. El CGPJ solicitó un informe al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, sobre las filtraciones.Aunque el contenido de la reunión no trascendió, se sabe que Garzón expresó su malestar a Delgado por las insinuaciones del Cesid de que las filtraciones de los papeles proceden de su juzgado, mientras que la reproducción fotográfica del auto de Garzón figura su firma, cuando ésta sólo debe constar en el ejemplar remitido al Gobierno, y no en el que se encuentra en el sumario.

Garzón sólo ha abierto en una ocasión diligencias para investigar filtraciones procedentes de sus sumarios, a petición del fiscal, en el caso GAL-Marey, y por revelación de secretos. La investigación fue sobreseida. Gómez de Liaño tiene abiertas otras investigaciones sobre las filtraciones del caso Lasa-Zabala y las conversaciones entre el abogado Iñigo Iruin y el fiscal Ignacio Gordillo.