El juez impone 200 millones de fianza al alcalde de Miraflores, que autorizó un hiper en zona verde
La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido para José Miguel Lorente, del PP, alcalde de Miraflores de la Sierra (3.100 habitantes), una pena de entre 6 meses y tres años por un delito de prevaricación. El fiscal le acusa de haber permitido la construcción de un centro comercial y de una gasolinera en zona verde. De hecho, un juzgado de Colmenar Viejo ha admitido la querella de la fiscalía y ha ordenado la suspensión de las obras. El juez, en su auto, ha requerido una fianza de 200 millones "para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que en su día se puedan acordar".
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La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido para José Miguel Lorente, del PP, alcalde de Miraflores de la Sierra (3.100 habitantes), una pena de entre 6 meses y tres años por un delito de prevaricación. El fiscal le acusa de haber permitido la construcción de un centro comercial y de una gasolinera en zona verde. De hecho, un juzgado de Colmenar Viejo ha admitido la querella de la fiscalía y ha ordenado la suspensión de las obras. El juez, en su auto, ha requerido una fianza de 200 millones "para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que en su día se puedan acordar".
La querella criminal que la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado en un juzgado de Colmenar Viejo no sólo incrimina al alcalde, sino a varios responsables de las obras y de la sociedad anónima que iba a gestionar el centro comercial, denominada Puerta de Miraflores. Esta gran superficie iba a tener 14.000 metros cuadrados, un supermercado y 35 tiendas.En su relato de los hechos, el fiscal señala: "A principio de este año, los denunciados procedieron a la ocupación de una zona verde, Prado Gregorio, con una superficie de 5.500 metros cuadrados situada en el casco urbano de Miraflores. Esta parcela tiene la consideración de espacio verde público. Sin embargo, los denunciados acometieron la construcción del centro comercial, encontrándose actualmente la edificación en fase de levantamiento de planta a nivel de la calle".
Invadir la calle
El fiscal Emilio Valerio añade que los constructores ocuparon también la adyacente calle del Río, que el centro comercial carece de todo tipo de autorizaciones de la Comunidad y que la gasolinera no cuenta con el permiso de la dirección regional de Carreteras.A pesar de todo ello, "el querellado José Miguel Lorente ha procurado ilegítimamente eliminar cualquier tipo de impedimento legal o traba administrativa", se lee en la querella. "Así, el 5 de julio de 1995 y preveyendo la alarma pública y la oposición de las superiores instancias urbanísticas que se originaría al conocerse los verdaderos designios, concede a los responsables del proyecto una licencia de vaciado y explanación de la zona, manifestando maliciosamente en contra de la realidad [que quería construir un aparcamiento público]", dice el fiscal.
La denuncia interpuesta por la fiscalía sigue con su relato de los hechos: "A partir de este ardid inicial, concertados todos los querellados para obtener lo ilícitamente pretendido por la fuerza de los hechos, prosiguen todo el año 1996 y hasta la fecha, el desarrollo de la construcción emprendida, haciendo además caso omiso de los requerimientos personales que se le efectuarán por parte de los responsables regionales de disciplina urbanística".
Y continúa: "Por el contrario, Lorente procede a modificar las normas subsidiarias con el fin de amparar lo ilícitamente proyectado y en construcción.
En todo caso, parece que el único efecto práctico de esta modificación es pretender la alteración urbanística de la citada parcela, de público a privado, con altísimos y nada habituales índices de ocupación y de edificabilidad. Dicha aprobación, en el contexto que nos ocupa, pudiera ser constitutiva de una conducta penal prevaricadora".
Según la fiscalía, los hechos relatados "constituyen un delito relativo a la ordenación del territorio, un delito de prevaricación y un delito de desobediencia, siendo autor de todos ellos el querellado Lorente".
Fuentes judiciales, indicaron ayer que los delitos de los que acusa el fiscal al alcalde, están tipificados en los artículos 319, 320 y 410 del nuevo Código Penal. "Su aplicación puede llevar de tres años a seis meses de prisión, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial", según dijeron.
De hecho, el juzgado de Colmenar Viejo que ha admitido a trámite la querella del fiscal ha ordenado a la Guardia Civil que paralice las obras y ha requerido además a los acusados 200 millones de fianza, "bajo apercibimiento de proceder al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir la citada suma o acordar en su caso la insolvencia".
Todo está legalizado
José Miguel Lorente, conocido popularmente como Maíto afirmó ayer no haber recibido la notificación del juzgado y declinó hacer declaraciones hasta tenerla en su poder. Pero hace dos meses, cuando se le preguntó por este asunto, dijo: "Todo está legalizado. Cambiamos las normas y el asunto quedó arreglado. ¿Cómo voy a hacer una actuación de ese tipo en el centro urbano sino fuese del todo legal?".Sin embargo, en octubre, días después de estas declaraciones, la Consejería de Economía -organismo encargado de conceder las autorizaciones definitivas para lasgrandes superficies- denegó el permiso para la construcción de este centro comercial de Miraflores de la Sierra. La razón oficial que la Comunidad esgrimió para rechazar la petición fue que el centro tenía "problemas administrativos".
No obstante, Carmen Caballero, directora regional de Comercio, reconoció a EL PAÍS que la licencia del centro comercial había quedado aparcada porque esta gran superficie iba a ser construida sobre una zona verde.