Una empleada del INE, acusada de pasar datos a los terroristas
Aranzazu Barrenetxea Bereziartua, de 33 años, empleada en la oficina del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en San Sebastián y detenida el pasado miércoles en esa ciudad, está acusada de haber facilitado a ETA datos sobre un centenar de potenciales objetivos de la organización, según fuentes policiales.
Entre estos objetivos figuraban el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, ex jefe del cuartel de Intxaurrondo, y otras personas cuyos nombres figuraban en el denominado informe Navajas. En este documento elaborado por el fiscal donostiarra Luis N...
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Aranzazu Barrenetxea Bereziartua, de 33 años, empleada en la oficina del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en San Sebastián y detenida el pasado miércoles en esa ciudad, está acusada de haber facilitado a ETA datos sobre un centenar de potenciales objetivos de la organización, según fuentes policiales.
Entre estos objetivos figuraban el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, ex jefe del cuartel de Intxaurrondo, y otras personas cuyos nombres figuraban en el denominado informe Navajas. En este documento elaborado por el fiscal donostiarra Luis Navajas se recogen las sospechas de la relación de guardias civiles en redes de contrabando y narcotráfico.
Barrenetxea formó presuntamente parte del comando Txomin Iturbe, un grupo legal [no fichado] que daba apoyo al comando Donostia. Uno de los integrantes de este último, hasta el año 1994, fue Juan María Insausti Múgica, Karpov, quien impartió a los demás un cursillo en el manejo de armas en un monte de Navarra.
El Cuerpo Nacional de Policía imputa a Barrenetxea haber facilitado datos sobre el empresario José Manuel Olarte, Plomos, el ex jugador de fútbol José Antonio Santamaría Vaqueriza, y el inspector de policía Enrique Nieto Viyella. Los tres fueron asesinados a lo largo de 1994 y 1995.
Ignacio Azurmendi Jáuregui, Águila, de 28 años, detenido junto con Barrenetxea, será puesto hoy a disposición de la Audiencia, Nacional por presunta colaboración con ETA. La Policía sospecha que ocultó en su casa a activistas perseguidos y les facilitó en 1992 su pasaporte para huir.