El PSOE dice que la Ley de Gobierno no resuelve el control del Ejecutivo
El proyecto de Ley de Gobierno, que auna la legislación dispersa sobre el Gabinete, no diferencia entre el Ejecutivo y la Administración ni resuelve el control de estos por los tribunales. Ése es el eje de la crítica del PSOE al proyecto que el Consejo de Ministros pretende aprobar antes de fin de año. El secretario de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, replica que este proyecto restringe y controla desde los tribunales al Ejecutivo. Los socialistas se centran en la ambigüedad de la figura de los secretarios de Estado, la falta de nitidez entre Gobierno y Administración. Los secr...
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El proyecto de Ley de Gobierno, que auna la legislación dispersa sobre el Gabinete, no diferencia entre el Ejecutivo y la Administración ni resuelve el control de estos por los tribunales. Ése es el eje de la crítica del PSOE al proyecto que el Consejo de Ministros pretende aprobar antes de fin de año. El secretario de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, replica que este proyecto restringe y controla desde los tribunales al Ejecutivo. Los socialistas se centran en la ambigüedad de la figura de los secretarios de Estado, la falta de nitidez entre Gobierno y Administración. Los secretarios de Estado no son Gobierno, según el proyecto de ley, pero se les considera "órganos de apoyo muy cualificados del Gobierno". Una manifestación de esa ambigüedad es, según argumentan los socialistas, que su papel aparece regulado en la Ley de Gobierno y no en la de los altos cargos: la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). Pero a la par, los miembros de los gabinetes, de los secretarios de Estado aparecen exonerados del sigilo que sí se exige a los componentes de los gabinetes de los ministros.
Los socialistas califican, a su vez, de "brindis al sol" el control de los actos del Gobierno por los tribunales, regulado en el artículo 23 del proyecto de ley del Gobierno del PP. El apartado 4 del artículo remite a la Ley de lo Contencioso-Administrativo que exonera de los tribunales a los actos políticos. Los socialistas recuerdan que, en 1991, el Gobierno de Felipe González fue llevado ante los tribunales por enviar una fragata a la guerra del Golfo, y que la Audiencia Nacional sentenció a su favor al considerar que se trataba de una materia sobre la que tenía plena competencia.
El secretario de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, no responde directamente a estas críticas. Se centra, de manera genérica, en la voluntad del Gobierno al elaborar la ley: "Aplica el espíritu constitucional a la actuación del Gobierno. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno ya no actuará a sus anchas porque se restringe su capacidad de actuación", dice.
Michavila destaca también que el proyecto de ley desarrolla los artículos 103 y 106 de la Constitución que recogen "el pleno sometimiento de la actuación del Gobierno al ordenamiento jurídico". Y contraataca a los socialistas: "Fueron incapaces de enviar un proyecto de ley de Gobierno porque tenían tales contradicciones internas que se lo impedían".
Michavila defiende la aplicación del sigilo a la Comisión de Subsecretarios Y a los miembros de los gabinetes de los ministros "por coherencia con la legislación sobre el funcionariado".