¿Más paro en la UEM?

La mayor virtualidad que en los últimos meses ha cobrado la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y las consiguientes probabilidades asociadas a que sea un número relativamente amplio de países el que acceda en primera convocatoria, está contribuyendo al desplazamiento gradual de la atención de los analistas desde la satisfacción y consistencia de las condiciones de acceso, hacia las menos formales, pero más vinculantes, que regirán a partir del 1 de enero de 1999. Descontada la flexibilidad interpretativa que se aplicará a esos criterios macroeconómicos, parece ...

La mayor virtualidad que en los últimos meses ha cobrado la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y las consiguientes probabilidades asociadas a que sea un número relativamente amplio de países el que acceda en primera convocatoria, está contribuyendo al desplazamiento gradual de la atención de los analistas desde la satisfacción y consistencia de las condiciones de acceso, hacia las menos formales, pero más vinculantes, que regirán a partir del 1 de enero de 1999. Descontada la flexibilidad interpretativa que se aplicará a esos criterios macroeconómicos, parece llegado el momento de anticipar con mayor precisión las consiguientes exigencias de adaptación microeconómica que impone la adopción de un sistema de tipos de cambio irrevocablemente fijos sobre una economía como la española: las barreras de entrada a la fase final de la UEM, que en modo alguno garantizan la supervivencia en la misma.Independientemente de los costes que se deriven de la pérdida del tipo de cambio como amortiguador de perturbaciones asimétricas que sufra nuestra economía, una cosa es fácil de anticipar: las políticas macroeconómicas en el seno de la unión monetaria, al menos en un dilatado periodo inicial, no dispondrán de un carácter precisamente expansivo. La aplicación del Pacto de Estabilidad, dependiendo de las estipulaciones y sanciones que finalmente se concreten, va a obligar al mantenimiento de una disciplina fiscal orientada a satisfacer objetivos de déficit presupuestario, cuando menos, similares a los actuales. La política monetaria que diseñará el Banco Central Europeo, por su parte, procurará reducir ese déficit de credibilidad con la que nacerá frente al Bundesbank. En consecuencia, no cabe, o por lo menos no es aconsejable, confiar en la existencia de políticas excesivamente propiciadoras del crecimiento a corto plazo.

La asunción de estas hipótesis es relevante para muchos aspectos pero, en particular, nos permiten afirmar que las posibilidades de reducción del desempleo, en ausencia de políticas específicas, son reducidas. Su adopción, antes incluso de esperar al inicio de la tercera fase de la UEM, debería ser la principal prioridad de cualquier Gobierno europeo, pero en mayor medida de aquel que tiene sobre la mesa una quinta parte de la población en edad y con deseos de trabajar en paro, el doble del promedio de la Unión Europea.

Unas jornadas convocadas durante el pasado fin de semana en La Coruña por la Fundación Barrié de la Maza, además de procurar el debate público entre una veintena de economistas, en su mayoría académicos, sobre distintos aspectos de la UEM, reunió en una sesión a cuatro de los más cualificados conocedores de nuestro mercado de trabajo: Javier de Andrés, Juan J. Dolado, Juan F. Jimeno y Luis Toharia. Sobre la base de un diagnóstico en gran medida común, cuya revisión sería aconsejable para nuestros gobernantes, empresarios y sindicalistas, discutieron algunas propuestas concretas de reforma.

En particular, las formuladas por Dolado, merecen una consideración tanto más detenida cuanto que, lejos del atrincheramiento o de la desregulación a ultranza, abre vías para afrontar el problema susceptibles de facilitar un espacio común de entendimiento, en aras de garantizar la rápida eliminación de aquellos obstáculos que impiden la convergencia real de la economía española.

En ninguno de los tres ámbitos que se presentan como prioritarios de esas reformas -el subsidio de desempleo, las políticas de formación y los costes de despido- existen razones para esperar a estar dentro de la UEM; ni siquiera aquéllas amparadas en la supuesta mayor simplicidad de la pedagogía política que exigirán. La pasividad puede diluir las ventajas que, sin duda, tendría la participación de España en la primera convocatoria de la unión monetaria; desde luego para esos 1,8 millones de españoles que integran la más estigmatizada de las calificaciones hoy existentes: "Parados de larga duración".