PP y PSOE pactan nuevos estatutos autonómicos pese a su pugna por la financiación

Las discrepancias entre el Gobierno y el PSOE en política autonómica no están impidiendo acuerdos entre populares y socialistas a escala territorial. Es el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castfila-La Mancha, aprobado por unanimidad la pasada semana. Los Gobiernos de Extremadura y Cantabria ya han constituido ponencias en las que figuran el PP y PSOE, mientras las comunidades de La Rioja y Madrid han anunciado también la reforma de sus estatutos de autonomía.

Los criterios entre el PP y PSOE no difieren en lo esencial. Siguen el modelo recientemente aprobado con la reform...

Las discrepancias entre el Gobierno y el PSOE en política autonómica no están impidiendo acuerdos entre populares y socialistas a escala territorial. Es el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castfila-La Mancha, aprobado por unanimidad la pasada semana. Los Gobiernos de Extremadura y Cantabria ya han constituido ponencias en las que figuran el PP y PSOE, mientras las comunidades de La Rioja y Madrid han anunciado también la reforma de sus estatutos de autonomía.

Los criterios entre el PP y PSOE no difieren en lo esencial. Siguen el modelo recientemente aprobado con la reforma del Estatuto de Aragón. Su única discrepancia de fondo procede de la utilización del término "nacionalidad", que el PSOE ha rechazado y que ahora desaparece de las nuevas ponencias.Mientras el Gobierno y el PP se descalificaban públicamente por el modelo de financiación autonómica, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban por unanimidad la reforma de su estatuto de autonomía. El modelo ha seguido básicamente la propuesta socialista.

Con este estatuto y los de Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha se inicia una oleada de reformas inaplazables de los estatutos de autonomía de las comunidades de vía lenta. A ellas seguirán Extremadura, La Rioja, Cantabria y Madrid.

El motivo de fondo de estas reformas, y en el que coinciden abiertamente el Gobierno y el PP, es que estas comunidades igualen en servicios a las de vía rápida -País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía-, de manera que sólo sea el hecho diferencial -lengua o, especificidades de su derecho- lo que distinga a unas comunidades de otras. La pieza básica es el traspaso de la Sanidad.

Tanto en este capítulo como en el del resto de las competencias que recoge la reforma, la identificación de las posiciones entre el PSOE y el PP presenta sólo diferencias de rango menor; incluso el modelo de reforma aprobado la semana pasada en Castilla-La Mancha las ha superado. En este estatuto desaparece el término "nacionalidad", que originó la principal diferencia entre el PP y el PSOE con motivo del primer estatuto reformado, el de Aragón, ahora en trámite en el Senado. Los populares se han comprometido a que dicho término desaparezca en el proceso de reforma recién iniciado. También los socios nacionalistas del Gobierno habían protestado por la utilización de dicho término en el estatuto de Aragón, ya que con él los hechos diferenciales de Cataluña, País Vasco y Galicia parecían difuminados.

Lo que se apunta ahora como principal discrepancia es la capacidad que el partido del Gobierno pretende conceder a las comunidades para que puedan disolver anticipadamente las Cámaras regionales. Curiosamente, el modelo reformado de Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE, mantiene esta postura en contradicción con las tesis socialistas.

Tanto socialistas como populares creen que pese a las divisiones entre las cúpulas de ambos partidos por el nuevo modelo de financiación autonómica, el proceso de reforma de los estatutos autonómicos es inevitable. La iniciativa, además de igualar en servicios a todas las comunidades, pretende ampliar la capacidad institucional de los Parlamentos y Gobiernos autonómicos.

Se suprimirán las limitaciones de los periodos ordinarios de sesiones en los Parlamentos autonómicos, así como la del número de miembros de los Consejos de Gobierno. También se concederá sueldos a los parlamentarios de todas las comunidades, en vez de dietas, por una dedicación muy superior a la gestión de hace 13 años, cuando las autonomías echaban a andar.