Protestas caso a caso' J. F. Madrid

Los vecinos del barrio de Aravaca (15.000 habitantes, integrados dentro de los 99.813 ciudadanos del distrito de Moncloa) son duros de pelar. Su batalla contra las decisiones municipales, a través de la asociación de vecinos de tres urbanizaciones (Valdemarín, Monrreal y Pardo de Aravaca) dura cuatro años. Y sus discrepancias urbanísticas con el Gobierno municipal del PP terminan siempre ante los tribunales. Estos son los problemas de Aravaca, uno a uno. La primera batalla. Los vecinos empiezan la batalla judicial en 1992, cuando presentan un recurso administrativo ante el Tribunal de M...

Los vecinos del barrio de Aravaca (15.000 habitantes, integrados dentro de los 99.813 ciudadanos del distrito de Moncloa) son duros de pelar. Su batalla contra las decisiones municipales, a través de la asociación de vecinos de tres urbanizaciones (Valdemarín, Monrreal y Pardo de Aravaca) dura cuatro años. Y sus discrepancias urbanísticas con el Gobierno municipal del PP terminan siempre ante los tribunales. Estos son los problemas de Aravaca, uno a uno. La primera batalla. Los vecinos empiezan la batalla judicial en 1992, cuando presentan un recurso administrativo ante el Tribunal de Madrid por la venta de apartamentos como viviendas (prohibido por el Plan General de 1985) en el edificio Jardines de Valdemarín 2. Según cuentan, ganaron este pleito, pero el Ayuntamiento lo recurrió ante el Tribunal Supremo. Ahora, con el Nuevo Plan General, los responsables municipales han cambiado la ordenanza a fin de que las 76 viviendas distribuidas en las cinco plantas de este edificio queden legalizadas.

¿Existe el arroyo?. El segundo contencioso de la asociación vecinal de Valdemarín comienza en septiembre de 1996, otra vez contra el Ayuntamiento. Denunciaron ante la Confederación Hidrográfica del Tajo la construcción de una calle sobre el cauce natural del arroyo que dejaba sin paso al agua y que el edificio El Mirador Real (utilizado de forma irregular por altos cargos del PP, según denuncia la izquierda municipal) está dentro de una zona que, según la Ley de Aguas, hay que dejar libre. La Confederación respondió que el arroyo no existía como tal. Los vecinos acudieron con las dos denuncias al juez, que las ha admitido a trámite.

Recurso. En octubre de 1995 los vecinos acudieron a la Comunidad con una denuncia: el edificio Altos del Hipódromo, de tres plantas, se vendía "ilegalmente" como residencial y no como apartamentos turísticos. La Comunidad legalizó dos meses después la situación recalificando los terrenos a propuesta del Ayuntamiento. En febrero, los vecinos recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia.

Carpa sin licencia. En 1993 los vecinos denuncian en el Ayuntamiento la explotación de una carpa de festejos "sin licencia, municipal". La carpa está situada dentro del club de tenis López Maeso y tiene una capacidad para 500 personas. El Ayuntamiento la precintó el 6 de marzo. Sin embargo, los vecinos denuncian que se sigue utilizando. El PP dice que los propietarios presentaron un recurso, y falta el fallo judicial.

Rellenos de terrenos. En marzo de 1996, la Gerencia de Urbanismo recibe una denuncia vecinal porque se había cubierto de arena una vaguada donde el Plan General prohíbe edificar. Los técnicos municipales visitan el lugar y constatan en un informe que no ven movimiento de tierra alguno. "Hace falta estar ciego para decir eso", replica un portavoz vecinal.

"Tráfico de influencias". En junio de 1996 los vecinos acuden a un juzgado de lo penal por el caso Aravaca: demandan a nueve personas, entre ellos José Manuel Bartolomé Gutiérrez, el marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, por el supuesto uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos por el cierre de la M-40. Se abre un proceso judicial. Los acusados están siendo llamados a declarar.