Inmobiliaria Alcázar acusa de irregularidades por 1.000 millones al anterior equipo
El Banco de España se ha sumado a la lista de investigadores de las actividades del anterior presidente de Inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem. El nuevo consejo ha detectado supuestas irregularidades por casi 1.000 millones de pesetas de los anteriores gestores de la sociedad, encabezados por Piguillem. El pasado miércoles, la empresa presentó una querella contra él por estafa y falsedad documental y anunció otras acciones judiciales en las próximas semanas.
Una de esas operaciones, está siendo investigada por el Banco de España. Se trata de dos créditos por un total de 1.700 millones ...
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El Banco de España se ha sumado a la lista de investigadores de las actividades del anterior presidente de Inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem. El nuevo consejo ha detectado supuestas irregularidades por casi 1.000 millones de pesetas de los anteriores gestores de la sociedad, encabezados por Piguillem. El pasado miércoles, la empresa presentó una querella contra él por estafa y falsedad documental y anunció otras acciones judiciales en las próximas semanas.
Una de esas operaciones, está siendo investigada por el Banco de España. Se trata de dos créditos por un total de 1.700 millones de pesetas que Banca March y Sa Nostra, aparcaron utilizando Inmobiliaria Alcázar como testaferro. Estos eran créditos políticos fallidos concedidos al proyecto de cementerio privado de lujo del alcalde popular de Palma, Joan Fageda. A cambio, los bancos ofrecieron a Piguillem 400 millones de financiación del proyecto que estaba apadrinado por el expresidente balear, Gabriel Cañellas.La guerra en el consejo de Alcázar comenzó a las 17.00 horas del pasado 29 de mayo cuando el accionista Xavier Camp propuso destituir a Piguillem y al secretario de la entidad, acusándoles de irregularidades. Camp invirtió 1.200 millones de pesetas en Inmobiliaria Alcázar (tomando un 16% del capital) en 1990, consideraba su inversión un fiasco del que Piguillem sacó provecho.
Sin embargo, ese nuevo consejo aprobó una política de venta de activos, como la sociedad Golf Sancti Petri, que produjo 502 millones; solares de la filial Royal Resort por 1.800 millones de pesetas y participaciones hoteleras por valor de 1.535 millones.El consejo no reaccionó contra Piguillem, hasta conocer que el presidente cesado reclamaba judicialmente a Alcázar 200 millones en concepto de indemnización por su cese. Además aparecían contratos blindados "que son burdas falsificaciones". Por eso, el pasado miércoles el consejo decidió querellarse por estafa y falsificación documental contra Piguillem.
El consejo estudia otras demandas sobre préstamos no retribuidos de 40 millones de pesetas cada uno a las firmas Walton Development y Dukes Development.
Además, en la OPA mediante la cual Alcázar se quedó General de Estudios e Inversiones (Geinsa) por 2.400 millones, aparecieron tres sociedades que contra pronóstico eran tenedoras de acciones de Royaltur todas radicadas en las Islas del Canal y que obtuvieron unos 600 millones de ganancia.
Piguillem es un viejo conocido de los tribunales de justicia de Barcelona, tras sus actuaciones en subastas judiciales, suspensiones de pagos y quiebras. Piguillem, amigo de Javier de la Rosa, debe al abogado Juan Piqué Vidal haber, salido judicialmente indemne cuando -en compañía de M. Asunción Font- fue implicado en timos con electrodomésticos.