Un alto cargo de Urbanismo investigado por presunta corrupcón
Fernando Macías, el responsable del departamento municipal que dictamina, entre otras cosas, las declaraciones de ruina, está siendo investigado por el Ayuntamiento por presunta corrupción. La Concejalía de Personal ha abierto un expediente tras recibir varias denuncias sobre posibles irregularidades en la tramitación de algunos expedientes de ruina y cobros sin justificar (en dinero o en material) de las empresas adjudicatarias. Una primera investigación de Gerencia de Urbanismo concluye que en el departamento existe numeroso material de trabajo cuya procedencia se desconoce.El nuevo concejal...
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Fernando Macías, el responsable del departamento municipal que dictamina, entre otras cosas, las declaraciones de ruina, está siendo investigado por el Ayuntamiento por presunta corrupción. La Concejalía de Personal ha abierto un expediente tras recibir varias denuncias sobre posibles irregularidades en la tramitación de algunos expedientes de ruina y cobros sin justificar (en dinero o en material) de las empresas adjudicatarias. Una primera investigación de Gerencia de Urbanismo concluye que en el departamento existe numeroso material de trabajo cuya procedencia se desconoce.El nuevo concejal de Personal de Madrid, Sigfrido Herráez, nombrado el 2 de octubre, se ha estrenado en el cargo con la apertura de un expediente al responsable del área de Protección de la Edificación, el arquitecto Fernando Macías. La penúltima semana de octubre se nombró el instructor del tribunal que ha de juzgar determinadas denuncias sobre irregularidades ocurridas en ese departamento desde 1991, cuando Macías asumió su jefatura. Hasta el momento, el instructor no ha tomado ninguna declaración, según confirmó Herráez.
Personal abrió la investigación después de que la secretaría jurídica de Gerencia de Urbanismo redactara un informe sobre el departamento a petición del concejal Ignacio del Río. Tras analizar determinadas denuncias, Gerencia de Urbanismo decidió trasladar el caso a la Concejalía de Personal, "que es competente para valorar los hechos".
Macías aseguró el viernes que ya conocía las acusaciones contra su persona antes de que se abriera el expediente: "Un funcionario que está apartado del servicio hizo esas denuncias, y yo fui el primer interesado en que todo se aclarara. Pedí que se hiciera un informe aséptico por el departamento correspondiente y que, si había algo anómalo, se depuraran las correspondientes responsabilidades".
El informe de la asesoría jurídica de Gerencia de Urbanismo analizó tres denuncias:
- Regalos de empresas constructoras al departamento en forma de "equipos personales, audiovisuales e informáticos". Gerencia pidió un inventario con el siguiente resultado: "Como hechos contrastados se comprueba un inventario teórico muy diferente del conjunto de bienes existente. Por parte del departamento de informática se comprueba la existenciade 18 elementos cuya procedencia se desconoce y no han sido adquiridos ni suministrados a través del departamento de informática. Respecto al mobiliario, la desviación entre el inventario real y el oficial es disparatada". Macías negó a EL PAIS que las empresas hayan efectuado regalos. "Tan sólo se trata de un depósito, según figura en el pliego de condiciones. Lasempresas nos dejan este material para filmar los atestados".
Las empresas constructoras pagan el combustible, los seguros y el garaje de varios vehículos de la sección. El jefe del departamento confirma que existen múltiples plazas de garaje disponibles en diferentes puntos de la ciudad para dos coches de la sección, ya que "se hace preciso que se paguen plazas de garaje en las proximidades [del domicilio] de todos aquellos [miembros de la sección] que hacen guardia". "Puede suponer un sobrecoste para las empresas adjudicatarias", reconoce el propio jefe del departamento. El redactor del informe jurídico asegura que no ha conseguido ver copias de la póliza de seguro "de algunos vehículos".
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El concejal de Urbanismo ordenó revisar los expedientes de ocho edificios derribados
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- Irregularidades en los expedientes de declaración de ruina. Ignacio del Río encargó a dos miembros de su departamento revisar ocho expedientes de declaración de ruina, seis de ellos bloques de la misma manzana. Del Río no ha querido conocer las conclusiones, que han sido comunicadas a la Concejalía de Personal. Algunos casos:
Leganitos, 6. En abril de 1992, los propietarios de un edificio centenario y protegido de 800 metros cuadrados en Leganitos, 6 (junto a la plaza de España), solicitan la declaración de ruina. Los técnicos visitan la finca y observan la desidia de los dueños: "El estado general del edificio denota una total falta de mantenimiento que en dos ocasiones motivó la intervención municipal para implantar medidas de seguridad".
Los expertos municipales aprecian algunos daños en el bloque: "Revocos en pésimo estado, grietas en los muros de la caja de la escalera, forjados deteriorados, instalaciones eléctricas y de fontanería fuera de uso". Los funcionarios recuerdan en un informe que para declarar una ruina y autorizar la demolición hace falta que un tercio de los elementos estructurales del edificio presente daños irreparables. "De la relación de daños de Leganitos, 6, puede considerarse que es necesario sustituir el 23,75% de los elementos estructurales", concluyen. Por tanto, se rechaza la solicitud de declaración de ruina.
Los trabajadores municipales estiman que el inmueble tiene un valor de 30 millones y el coste de las obras de reparación es de 12 millones. "No existen circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición del inmueble", señalan. Además, escriben que el coste de la reparación no supera el 50% del valor del inmueble, por lo que tampoco se puede decretar ruina económica.
Un año después, Fernando Macías firma un informe en el que manifiesta su acuerdo con la inspección anterior, pero recuerda que el coste de las medidas de seguridad más las reparaciones que faltaban por realizar alcanzarían una cifra del 51,3% sobre el valor del inmueble, por lo que procede a declarar su "ruina econórnica".> Luisa Fernanda, 10. El edificio, de tres alturas con buhardillas, estaba deshabitado en marzo de 1992. Allí acuden técnicos municipales para analizar una construcción de principios de siglo. Se observa "un estado avanzado de deterioro como consecuencia de la falta de mantenimiento y de las numerosas agresiones que de forma deliberada se han causado al edificio". Matizan los técnicos que las agresiones no han afectado a elementos estructurales ni a la seguridad del inmueble. El informe enumera "patios convertidos en vertedero de residuos y basuras, red de saneamiento deteriorada, pudrición de viguetas, rotura de tejas". Tras hacer el análisis, diagnostican el coste de las reparaciones necesarias: "20.622.600 pesetas". El valordel edificio, según la tasación municipal, se eleva a 62 millones, por lo que el presupuesto de reparación es del 33,13%. Los elementos estructurales que deben ser reparados (20,22%) no alcanzan tampoco el tercio necesario para la declaración de ruina, por lo que se rechaza la solicitud.
El informe lo firma Macías junto a otros dos técnicos. Unos meses más tarde, Macías cambiaesta propuesta en un informe que firma en solitario argumentando que la finca "se encuentra incluida en el registro municipal de solares y terrenos sin urbanizar ( ... ) y, por tanto, no se puede exigir a la propiedad obras de reparación". Fuentes urbanísticas que citan el Plan General y la Ley del Suelo desmienten este extremo.."Dado que tiene daños estructurales, y al no poderserealizar las obras de reparación, el inmueble está abocado a la ruina con el paso del tiempo", afirma Macías. Finaliza su estudio proponiendo su ruina.
> Cefeo, 1, 3 y 5. En octubre de 1991 los técnicos municipales acuden a un edificio industrial cerrado en la calle de Cefeo, 1. Comprueban que, pese al deficiente estado de mantenimiento del inmueble, sus lesiones "no revisten la gravedad suficiente como para declarar su ruina inminente". En la inspección tan sólo aprecian "cristales sueltos, plaquetas sin fijar y pérdida de revestimiento en ventanas". De paso estudian el edificio anexo (Cefeo, 3) apreciando idénticos daños. Estos informes contrarios a la declaración de ruina contienen el visto bueno de Macías.
El propio Macías inspecciona personalmente y firma el informe de otro edificio pegado a estos dos (Cefeo, 5), donde descubre "humedades en los muros de planta baja, filtraciones de agua y acumulación de escombros, tarima con síntomas de pudrición, falta de ventanas y puertas, enfoscados de fachada desprendidos, inexistencia de canalones, cubierta semiderruida, grietas en las bóvedas de escaleras". Calcula Macías que los daños afectan al 26,04% de los elementos estructurales, y que su reparación costaría 45,8 millones un 71% del valor del inmueble. Resuelve Macías, en función de este último dato, proponer la ruina.
Las obras de demolición de este inmueble de Cefeo, 5, afectaron gravemente a los bloques de Cefeo, 3, y Cefeo, 1. Macías vuelve a firmar el 4 de agosto de 1992 una nueva propuesta, de ruina inminente para los dos edificios que en su día recibieron la negativa municipal a su declaración de ruina. Curiosamente, los dos edificios no eran colindantes. En medio está Cefeo, 3.