GAL 2015
JOSÉ MARíA BENEGAS HADDADSegún el autor, elevar todos los sumarios de los GAL al Tribunal Supremo es la única solución que puede garantizar un proceso limpio y no dilatado en el tiempo.
Me permito, al inicio de esta reflexión, citar un pensamiento de Rafael Sánchez Ferlosio: "Las cosas tienen, en distintos días, distintos modos de acontecer y lo que ocurrió bajo la lluvia sólo bajo la lluvia puede ser contado" (Industrias y andanzas de Alfanhui). Los juicios sobre el pasado tienen un gran inconveniente: olvidan la lluvia de aquel entonces.Dejando de lado la frase lapidaria de Bertold Brecht: "Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia", creo que la parte de la historia reciente de España que se está investigando relacionada ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Me permito, al inicio de esta reflexión, citar un pensamiento de Rafael Sánchez Ferlosio: "Las cosas tienen, en distintos días, distintos modos de acontecer y lo que ocurrió bajo la lluvia sólo bajo la lluvia puede ser contado" (Industrias y andanzas de Alfanhui). Los juicios sobre el pasado tienen un gran inconveniente: olvidan la lluvia de aquel entonces.Dejando de lado la frase lapidaria de Bertold Brecht: "Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia", creo que la parte de la historia reciente de España que se está investigando relacionada conla lucha contra el terrorismo requiere, al menos, aunque se olvide lo que llovía, de un juicio ímparcíal, limpio, justo y rápido.
El número dos dé la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 93, y ex secretario de Estado del Gobierno socialista, no debe "instruir los sumarios que afectan a una etapa del Gobierno socialista. Si esto no se entiende, no estaremos nunca ante una instrucción limpia ni ante un juicio justo. Sus afirmaciones, recogidas en el reciente libro de Vázquez Montalban, denotan ánimo herido, expectativas defraudadas, revanchismo encubierto y establecimiento insólito de plazos para una investigación Judicial. La frase "hay GAL hasta el año 20l5", si fuera cierta, supone o denota la intencionalidad de mantener abierto este, asunto, o su instrucción, durante 20 años, o quizá supone un diagnóstico certero de lo que puede acontecer si esto sigue igual.
No quiero entrar en este artículo en un análisis pormenorizado de las anomalías de la instrucción, muchas de las cuales no resistirían un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El derecho a tener un juez independiente es un derecho del reo y de las partes. La independencia del juez es una garantía procesal para el acusado, procesado, inculpado o imputado, o lo que uno acabe siendo en unos procedimientos en los que constituye un milagro saber con certeza cuál es la situación procesal de las personas implicadas en los mismos. Decía el tan citado -por los autores de los desaguisados judiciales actuales- Montesquieu: "Es preciso incluso que, en llas acusaciones graves, el reo, conjuntamente con la ley, pueda elegir sus jueces o, al menos, que pueda recusar tantos que los que quedan puedan considerarse como de su elección".
Qué decir del nuevo artilugio procesal -broma procesal, diría yo- que, constituye en inculpar para garantizar los derechos de la defensa.
Se pretende enjuiciar, al cabo de los años, si la lucha contra el terrorismo en este país ha sido correcta, incorrecta o ilícita penalmente. Hágase. Nadie trata de ocultar nada. Pero hágase en tiempo rápido y con las máximas garantías para los implicados, de tal modo que no se pueda decir al final de este proceso -aunque dudo que ya pueda evitarse- que, si lo que se juzgaba era un asunto "sucio", también lo fue el procedimiento.
¿Cómo se pueden aunar los dos objetivos anteriores. "En primer lugar, partiendo de que el llamado proceso de los GAL es una cuestión de Estado, ya que se pretende que a éste afecte, aunque sea en su confíguración pasada. Dada su trascendencia; y la necesidad de las máximas garantías, la única solución es que el Tribunal Supremo recabe la competencia de todos los sumarios relacionados con los llamados GAL. No debe olvidarse, además, que en este tipo de procesos y en un país en el que se vulnera todos los días el secreto del sumario, la penosidad penalidad se comienza a sufrir desde el momento en que alguien es llamado a declarar ante el Juez, con razón o sin ella, recibiendo, además el regalo de verse incluido en el listado de prioridades de una organización terrorista.
Elevar todo el asunto al Tribunal Supremo es, la única solución que puede garantizar un proceso limpio y que no se dilate en el tiempo. Para cumplir este segundo objetivo habría que aplicar él principio "'acusatorio" y abandonar drásticamente el "inquisitorial" que impera en la actualidad. La práctica de mantener indefinidamente sumarios abiertos a la espera de que "encajen" meras suposiciones o que dé sus frutos la búsqueda desesperada de indicios (testigos protegidos, declaraciones inter amicos o inter privatos, testigos de acreditada mendacidad para los que incluso se llega a pedir sueldo a cargo del erario público, e incluso de referencia, testimonios éstos inaceptables para los clásicos: testes de auditionen non ad mititur) convierte en cierta la fecha del 2015.
Resúlta dramático contemplar cómo a las personas que han estado en primera línea en la lucha contra el terrorismo se les pisotean sus derechos individuales, su presunción de inocencia, su derecho a la defensa; se-les somete a la precondena sin juicio, que supone la prisión preventiva, y se pretenden acuerdos municipales o declaraciones de persona non grata para un imputado que hacen revivir nuestra más negra tradición inquisitorial. La teoría del "uso alternativo del derecho" o el "iluminismo" de algunos jueces constituidos -según ellos- en "conciencia crítica de la socieda" no puede conducir a la vulneración de los derechos indivíduales ni a investigaciones inquisitoriales. El uso, "alternativo del derecho" introduce en la función judicial un claro componente político porque . ya no se trata sólo de aplicar la ley, sino de actuar de acuerdo con un "concepto de sociedad" que no se puede conformar -aunque se. aluda a la ética- al margen de criterios o convicciones políticas. Esta cuestión reabre el debate sobre los necesarios controles de los poderes del Estado, incluido el Judicial. No bastan los controles jurisdiccionales, puesto que, cuando se hace política desde la magistratura, éstos deberían ser más amplios. En todo. caso, no se puede intentar dirigir un país sin, haber pasado por las urnas.
La frase -si es cierta- "hay GAL,hasta el año 2015" es tremenda. Al ritmo de enjuiciamiento actual -más de un año en el Tribunal Supremo el asunto aparentemente menos complicado de los múltiples sumarios abier tos-, covierten en real la fecha 2015. ¿Puede España permitirse mantener estos "procesos" abiertos, coleteando, ocupando espacios relevantes en los medios de comunicación, aburriendo eternamente a los españoles hastaesa fecha? ¿La revisión del pasado puede durar tanto tiempo? Los que piensan que de este modo mantienen en alto "Ia espada de Damocles" sobre el Partido Socialista durante este período, ¿se decidirán algún día a ganar las confrontaciones políticas sin embarrar el campo o influir en los árbitros? ¿Se merece España un país Vasco desgarrado por la violencia mientras los que han luchado por la paz van de juzgado en juzgado? ¿Por qué los primeros 40 muertos eran responsabilidad de "grupos incontrolados" y los 26 síguientes del Gobierno socialista?
En suma, si fuéramos capaces de olvidare el cainismo político y de definir con claridad que los enemigos de la democracia española se sitúan en las en las organizaciones que utilizan o apoyan la violencia terrorista, se daría paso a un clamor popular y político para que una de las más altas instancias del Poder Judicial -el Tribunal Supremo- asumiera con coraje la responsabilidad de recabar todos los sumarios relacionados con "los GAL" para resolver este pasaje de nuestra historia, en tiempo rápido y con las máximas garantías jurídicas para los implicados, estableciendo las responsabilidades que se demostrasen ciertas.
De este modo, el Poder Judicial, tras tantos desaguisados a los que nos tiene acostumbrados -bien es verdad que son producto de obra individual no generalizable a la mayoría de los honestos profesionales de la Justicia- prestaría un gran servicio al país. así, fácil será comprender que en plazo breve podríamos hablar del futuro del país, de los problemas reales de los españoles, entre ellos el terrorismo de ETA, que, no deberíamos olvidarlo, todavía persiste.
Por este camino podríamos encauzar un problema que la sociedad exige que se esclarezca, pero, al mismo tiempo, rechaza el refugio en el pasado como excusa para ocultar los problemas del presente. Sabiduría sin punto final. Paso adelante con dignidad de este país, que sabe que en aquel entonces miró para otro lado porque llovía mucho sobre la incipiente democracia
José María Benegas Haddad es secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE.