Serra se queda solo en el Gobierno por los 'papeles del Cesid'

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, sufrió ayer una nueva desautorización desde el Gobierno. El planteamiento del ministro de no ejecutar la sentencia del Supremo si el alto tribunal se pronuncia a favor de la desclasificación y de la entrega a los jueces de los papeles del Cesid no ha gustado nada en Moncloa. El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, insistieron en que el Ejecutivo no adoptará otra decisión que no sea el cumplimiento de lo que dicten los jueces.

El titular de Defensa se queda en minoría dentro del Gobierno, ...

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, sufrió ayer una nueva desautorización desde el Gobierno. El planteamiento del ministro de no ejecutar la sentencia del Supremo si el alto tribunal se pronuncia a favor de la desclasificación y de la entrega a los jueces de los papeles del Cesid no ha gustado nada en Moncloa. El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, insistieron en que el Ejecutivo no adoptará otra decisión que no sea el cumplimiento de lo que dicten los jueces.

El titular de Defensa se queda en minoría dentro del Gobierno, una vez más, por los papeles del Cesid. Su política de resistencia a una eventual entrega de los documentos sobre la guerra sucia contra ETA provocó ayer una fuerte ofensiva de compañeros de Gabinete. Insistiendo en la línea ya expuesta por el presidente José María Aznar, Cascos y Rajoy descartaron con vehemencia que el Gobierno pudiera declararse en rebeldía ante una resolución del Supremo. En la misma línea se expresaron fuentes de la Presidencia del Gobierno. Eduardo Serra comentó el sábado la posibilidad de acogerse a una ley vigente desde 1956 que regula el proceso contencioso administrativo para no entregar los documentos.Pero las críticas al ministro no vinieron sólo del Gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, invocó ayer el artículo 118 de la Constitución, que establece la ineludible obligación de cumplir las sentencias de los jueces. Ese artículo, según Delgado Barrio, resolvería el problema si éste se planteara.

Ante el cariz que tomaba la polémica, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron anoche que el ministro se había referido a las hipótesis legales que se abrían en caso de un fallo judicial que obligara al Gobierno a cambiar la decisión que adoptó el 2 de agosto.

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