La juez de los sobornos de Marbella pide datos fiscales de tres imputados

La juez María Antonia García Montes, que investiga supuestos sobornos del actual alcalde de Marbella, Jesús Gil, para modificar la edificabilidad de una de sus fincas, ha pedido a la Agencia Tributaria los datos fiscales de dos empresas y de tres de los imputados en la causa. La magistrada indaga el paradero de 45 millones de pesetas de los 85 millones que el alcalde de Marbella supuestamente pagó.Concretamente, la magistrada ha solicitado los datos fiscales de Antonio Prieto, quien llevó la contabilidad del PSOE en Andalucía en varias campañas electorales, y que ha reconocido que recibió 20 m...

La juez María Antonia García Montes, que investiga supuestos sobornos del actual alcalde de Marbella, Jesús Gil, para modificar la edificabilidad de una de sus fincas, ha pedido a la Agencia Tributaria los datos fiscales de dos empresas y de tres de los imputados en la causa. La magistrada indaga el paradero de 45 millones de pesetas de los 85 millones que el alcalde de Marbella supuestamente pagó.Concretamente, la magistrada ha solicitado los datos fiscales de Antonio Prieto, quien llevó la contabilidad del PSOE en Andalucía en varias campañas electorales, y que ha reconocido que recibió 20 millones de pesetas en dos cheques que le fueron entregados en la sede de los socialistas en Sevilla.

- La juez García Montes también ha pedido información acerca de Rafael Salinas, asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella en 1986, e hijo de José Salinas, abogado cordobés que presuntamente pidió 220 millones a Jesús Gil para conseguir un mayor índice de edificabilidad en la finca marbellí de Los Cipreses. Por último, la juez también ha solicitado datos fiscales sobre Higinio Garrido, yerno de José Salinas.

Por su parte, la Agencia Tributaria se ha dirigido a la juez para pedirle el número de identificación fiscal de Rafael Salinas, que no constaba en la petición formulada.

Respecto a las dos empresas investigadas, la juez ha pedido datos fiscales sobre la compañía Lappi Industrias Gráficas, cuyo propietario, Antonio Lappi, cobró uno de los cheques de 10 millones pagados por Gil. La otra compañía es Mundicom, que también recibió un cheque de 10 millones del actual alcalde marbellí.

Aparte de los datos fiscales de estos tres imputados y de las dos empresas, la magistrada está a la espera de que la Caja San Fernando de Écija le comunique el número de las cuentas en las que se ingresaron varios de los cheques pagados por Gil. Éste es el segundo camino que la juez ha emprendido para averiguar el destino de parte de los 45 millones que aún faltan por localizar.