El fracaso escolar preocupa al Defensor del Menor
Francisco Javier Urra, el único candidato para la nueva figura del Defensor del Menor que se elige hoy en la Asamblea regional cree que, a menudo, se incide más en el tratamiento del chaval que delinque que en apoyar a aquel que se encuentra en riesgo social.De ahí que se muestre preocupado por esos niños de doce años que abandonan la escuela sin más alternativa que dar vueltas por su barrio. "Es una situación que casi siempre conlleva un conflicto social", dice.
A partir de hoy todas las denuncias y quejas que afecten a los derechos de los más pequeños llegarán al despacho de este nava...
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Francisco Javier Urra, el único candidato para la nueva figura del Defensor del Menor que se elige hoy en la Asamblea regional cree que, a menudo, se incide más en el tratamiento del chaval que delinque que en apoyar a aquel que se encuentra en riesgo social.De ahí que se muestre preocupado por esos niños de doce años que abandonan la escuela sin más alternativa que dar vueltas por su barrio. "Es una situación que casi siempre conlleva un conflicto social", dice.
A partir de hoy todas las denuncias y quejas que afecten a los derechos de los más pequeños llegarán al despacho de este navarro de 39 años que conoce el mundo de los que no han cumplido aún los dieciocho por su trabajo como psicólogo en la Fiscalía de Menores de Madrid desde 1988 y por su experiencia previa en un reformatorio.
Mucha gente en los despachos
"Si se sospecha un posible maltrato hay que denunciarlo
Sabe que la atención a los problemas de los menores requiere abundantes recursos económicos. "Pero peseta que no se gasta en prevención se gasta en sanción y cuando hay sanción hay que añadir además el coste inestimable de la víctima", apostilla. También le parece vital la figura del educador de calle. "Ahora hay mucha gente en los despachos y poca en la calle y para prevenir el desamparo infantil es necesario crear una red social próxima", concluye.Entre sus futuros cometidos están, además de recibir quejas, supervisar la aplicación de las leyes que protegen a los menores y orientar a las instituciones y a las familias sobre cómo actuar para salvaguardar los derechos de los niños.
Esta nueva figura no tiene homólogo alguno en el resto de las comunidades autónomas. Su creación ya estaba prevista en la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, redactada por el anterior Gobierno regional socialista y aprobada en diciembre de 1995.