Exposición de motivos

ción de la Seguridad Ciudadana con la finalidad de atajar la violencia callejera que eventualmente se produce con ocasión del ejercicio del derecho de reunión manifestación en lugares de tránsito público. Corresponde al Estado, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la Constitución (artículo 149.1, 29ª) en materia de seguridad pública, la aprobación de la presente ley que, por otra parte, en la medida en que incide en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de determinados derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen y el derecho de reunión, debe tener en su práctica totalidad el carácter de ley orgánica, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas en esta materia de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos de autonomía. ARTÍCULO 1 Objeto

La presente ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento y garantías, a fin de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías espacios públicos, así como de prevenir comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad púlica.

2, Las referencias contenidas en esta ley a videocámaras, cámaras fijas y ámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo, y en general a cualquier sistema de captación e imagen y sonido, e incluso a la simple observación o toma de imágenes y sonidos acompañada de la grabación en soporte separado. ARTÍCULO 2

Ámbito de aplicación

La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos previstos en esta ley, así como las actividades preparatorias, quedan exlcuidas del ámbito de protección de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a tenor de su artículo 2.2.

2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente ley, el tratamiento automatizado las imágenes y sonidos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

ARTÍCULO 3

Autorizaciónde las instalaciones fijas

. La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en los términos del artículo 1.2 de la presente Ley está sujeta al régimen de autorización, que se otorgará, en su caso, previo informe de un órgano colegiado presidio por un magistrado y en cuya composición no serán mayoría los miembros expendientes de la administración autorizante.

2. Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado serán autorizadas por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de que se trate, previo informe de una comisión cuya presidencia corresponderá al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad. La composición y el funcionamiento de la comisión se determinarán reglamentariamente.

3. No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras cuando el informe de la comisión prevista en el apartado segundo de este artículo estime que dicha instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.

4. La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada caso al lugar público concreto, que ha de ser objeto de observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá también todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en particular las referentes a la cualificación de las personas encargadasde la explotación del sistema de tratamiento de imágenes y sonidos, así como las medidas a adoptar para garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá precisar el ámbito físico y la duración de la autorización, a cuyo término habrá de solicitarse su renovación.

ARTÍCULO 4

Criterios de autorización de instalaciones fijas

Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos, salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional, constatar infracciones a la seguridad ciudadana y prevenir la causación de daños a las personas y bienes.

ARTíCULO 5

Autorización de videocámaras móviles

. En las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas podrá utilizarse simultáneamente otras de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley.

2. También podrán utilizarse en los restantes lugares públicos videocámaras móviles. La autorización de dicho uso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corresponderá al subdelegado del Gobierno en la provincia, quien atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización del medio a los principios previstos en el artículo 6.

La resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras móviles se pondrá en conocimiento de la comisión prevista en el artículo 3 en el plazo máximo de dos días, la cual podrá recabar el soporte físico de la grabación a efectos de emitir el correspondiente informe.

En casos excepcionales de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a tiempo la autorización indicada en razón del momento de producción de los hechos o de las circunstancias concurrentes, se podrán obtener imágenes y sonidos con videocámaras móviles, dando cuenta, mediante un informe motivado, al jefe policial y a la comisión aludida en el párrafo anterior, la cual, si lo estima oportuno, podrá requerir la entrega del soporte físico original y emitir el correspondiente informe.

3. La comisión prevista en el artículo 3 será informada quincenalmente de la utilización que se haga de videocámaras móviles y podrá recabar en todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir un informe al respecto.

4. En el caso de que las autoridades competentes aludidas en esta ley lo consideren oportuno, se podrá interesar informe de la comisión prevista en el artículo 3 sobre la adecuación de cualquier registro de imágenes y sonidos obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios del artículo 6.

ARTÍCULO 6

Principios de utilización de las videocámaras 1.

La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.

2. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

3. La intervención, mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.

4. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.

5. En ningún caso se podrán tomar imágenes del interior de las viviendas ni de sus vestíbulos, salvo que se disponga de la correspondiente autorización judicial. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos lugares deberán ser destruidas inmediatamente.

ARTÍCULO 7

Aspectos procedimentales 1. Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos a disposición judicial con la mayor inmediatez posible, y en todo caso en el plazo máximo de 24 horas desde su grabación. Cualquier demora en este último plazo deberá ser justificada. De no poder redactarse el atestado en tal plazo, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal, junto con la entrega de la grabación.

2. Si la grabación captara la comisión de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirá al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

ARTÍCULO 8

Conservación de las grabaciones

1. Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de dos meses, salvo que estén relacionados con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o admínistrativo abierto.

2. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.

3. Se prohibe la cesión o copia de las imágenes y sonidos obtenidos de conformidad con esta ley, salvo para los fines previstos en la misma.

4. RegIamentariamente se determinará el órgano o autoridad gubernativa que tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción. Dicho órgano será el competente para resolver sobre las peticiones de acceso o cancelación promovidas por los interesados.

ARTÍCULO 9

Derechos de los interesados

1. El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento y de la autoridad responsable.

2. Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y cancela ción de las grabaciones en que figure. No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá ser denegado por quien custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado, la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

3. Contra la resolución denegatoria cabrá la interposición de recurso ordinario en los términos legalmente previstos.

ARTÍCULO 10

Infracciones y sanciones

Cuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas con arreglo al régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con sujeción al régimen general de sanciones en materia de seguridad ciudadana y de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La presente ley tendrá el carácter de orgánica, excepto lo dispuesto en los artículos 3.2, 5 y 10, en las disposiciones adicionales tercera, séptima y novena, en la disposición transitoria y en las disposiciones finales, que tendrán el carácter de ley ordinaria.

Segunda. Las comunidades autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía y en las Leyes Orgánicas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de Protección de la Seguridad Cuidadana, podrán dictar, con sujeción a lo previsto en esta ley, las disposiciones necesarias para regular y autorizar la utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de las corporaciones locales radicadas en su territorio.

Tercera. Se crea un registro de instalaciones fijas de videocámaras dependiente de la autoridad competente para autorizarlas.

Cuarta. El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, queda redactada de la siguiente forma:

3 Los participantes en reuniones o manifestaciones que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repercutir contra aquéllos.

Quinta. 1. Se da nueva redacción al artículo 23, e), de la Ley Orgánica 1/ 1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que queda redactado de la siguiente forma:

c ) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículo 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.

En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuya celebración se haya comunicado previamente a la autoridad se considerarán organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas que suscriban el correspondiente escrito de comunicación.

Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes por las publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas.

2. Se da nueva redacción al artículo 23, d), de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que queda redactado como sigue:

d) La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983. ,

3. Los actuales párrafos d), e), f),

g), h), i), j), k), l), m), n) y ñ) del artículo 23 de la Ley Orgánica citada se

convertirán en los párrafos e), f), g), h),

i), j), k), l), m), n), ñ) y )o, respectivamente.

Sexta. Las autorizaciones de instalaciones fijas de videocámaras constituyen actividades de protección de la seguridad pública realizadas al amparo del artículo 149.1.29 de la Constitución y no estarán sujetas al control preventivo de las corporaciones locales previsto en su legislación reguladora básica ni al ejercicio de las competencias de las diferentes administraciones públicas, sin perjuicio de que deban respetar los principio de legislación vigente en cada ámbito material de la actuación administrativa.

Séptima. Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados por las instalaciones reguladas en está ley, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de obtener, en su caso la autorización judicial prevista en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de las indemnizaciones que procedan según las leyes.

Octava. 1. Se considerarán faltas muy graves en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las siguientes infracciones:

a) Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que no constituya delito.

b) Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados o utilizar éstos para fines distintos de los previstos legalmente.

c) Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta ley.

2. Se considerarán faltas graves en el régimen disciplinario de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado las restantes infracciones a lo dispuesto en la presente ley.

Novena. La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia y con sujeción a lo dispuesto en las leyes orgánicas 511992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta ley.

DISPOSICIÓN

TRANSITORIA ÚNICA

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley se procederá, en su caso, a autorizar las instalaciones fijas de videocámaras actualmente existentes, así como a destruir aquellas grabaciones que no reúnan las condiciones legales para su conservación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo.

Segunda. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación e el Boletín Oficial del Estado.