Un sumario bien conocido

El pago de comisiones ilegales por obras de la Guardia Civil fue uno de las primeras hipótesis de trabajo de la juez Ana Ferrer, instructora del caso Roldán. Por su juzgado desfilaron directivos de constructoras que admitieron haber pagado comisiones a Roldán o a su testaferro, Jorge Esparza. Las investigaciones llevaron a la conclusión de que Cubiertas y MZOV había pagado al menos 114 millones en comisiones ilegales, y así fue difundido en su día por todos los medios de comunicación.En el sumario figuran citados como autores de un presunto cohecho Antonio Mesa Bussareu y Manuel Mesa Bu...

El pago de comisiones ilegales por obras de la Guardia Civil fue uno de las primeras hipótesis de trabajo de la juez Ana Ferrer, instructora del caso Roldán. Por su juzgado desfilaron directivos de constructoras que admitieron haber pagado comisiones a Roldán o a su testaferro, Jorge Esparza. Las investigaciones llevaron a la conclusión de que Cubiertas y MZOV había pagado al menos 114 millones en comisiones ilegales, y así fue difundido en su día por todos los medios de comunicación.En el sumario figuran citados como autores de un presunto cohecho Antonio Mesa Bussareu y Manuel Mesa Bussareu, consejero delegado y director financiero de Cubiertas. Los dos abandonaron la empresa.

Eduardo Serra fue vicepresidente de la constructora de 1989 a 1991 y presidente desde enero de ese año hasta enero de 1995. Sin embargo, la juez Ferrer nunca le citó, ni como imputado ni como testigo, a pesar de que, según el sumario, al menos dos pagos ilegales se efectuaron poco después de que Serra accediera a la presidencia.

La constructora, como consta en el sumario, realizó para la Guardia Civil obras por valor de 4.144 millones entre 1972 y 1992. Algunas de las comisiones ilegales las pagó mediante facturas de sociedades que carecían de actividad y que tampoco habían efectuado los trabajos para los que en teoría habían sido contratadas.

AEM Inversiones, controlada por Esparza, era una de estas sociedades tapadera, sin personal ni actividad alguna, que, según el sumario, extendió dos facturas por importe superior a 16 millones cada una. La primera respondía a un pretendido estudio de suelo industrial en el corredor del Henares (Madrid). Con la segunda se pagaban los trabajos de AEM "en la gestión e intermediación de la venta formalizada el 9 de mayo de 1991 ante el notario de Barcelona don José Luis Mezquita del Cacho, a favor de la mercantil de Explotaciones Inmobiliarias del Vallés SA". Este trabajo tampoco se realizó nunca.