Los jueces que entren en política perderán su plaza y tendrán tres años de excedencia
El Gobierno levantó ayer una dura barrera ante los jueces que quieran dar el salto a la política y retomar a la Administración de justicia. Una decisión, indicativa de que el Gabinete ha escarmentado en cabeza ajena, con la que cumple un compromiso electoral, y que "sirve para la regeneración democrática" según dijo por tres veces, por si pasaba inadvertido, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. La reforma legislativa será más estricta de lo que proponía el órgano de gobierno de los jueces. Los magistrados que ocupen puestos políticos no verán reservada su plaza y te...
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El Gobierno levantó ayer una dura barrera ante los jueces que quieran dar el salto a la política y retomar a la Administración de justicia. Una decisión, indicativa de que el Gabinete ha escarmentado en cabeza ajena, con la que cumple un compromiso electoral, y que "sirve para la regeneración democrática" según dijo por tres veces, por si pasaba inadvertido, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. La reforma legislativa será más estricta de lo que proponía el órgano de gobierno de los jueces. Los magistrados que ocupen puestos políticos no verán reservada su plaza y tendrán que concursar para acceder a otra una vez que pasen tres años desde su cese en el cargo público.
Tras unos veinte días de vacaciones, el Consejo de Ministros reanudó ayer sus reuniones habituales, y lo hizo con una serie de medidas relacionadas con asuntos en tomo a los cuales se produjeron problemas o escándalos bajo, Gobiernos socialistas. El Gabinete envía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una nueva regulación de los Secretos Oficiales, remite al Congreso un proyecto de ley que endurece las condiciones en que regresarán a la carrera judicial los magistrados que den el salto a la política y anuncia la futura designación para la Fiscalía General del Estado de un miembro de la carrera fiscal, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, cuyo nombramiento comunica al CGPJ. Todo lo cual contribuirá, aseveró el portavoz gubernamental apenas minutos después de que se tomaran las medidas, a que siga mejorando -según indica la última encuesta del CIS- la opinión de los españoles sobre la mejoría de la situación política.El Consejo de Ministros desatendió las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, si bien la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para evitar el concepto de rechazo, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el CGPJ no había hecho en realidad recomendaciones. La realidad es que el órgano de gobierno de la carrera judicial defiende que los jueces y magistrados que cesen en un cargo político se incorporen a una plaza distinta de la última que ocuparon, pero sin necesidad de mediar un plazo de excedencia forzosa.
El Gobierno va más lejos en la estrategia de frenar el trasvase de la judicatura a la política, y en el proyecto de ley, que Margarita Mariscal de Gante ha mantenido sin alteraciones, impone finalmente un periodo de tres años antes de que vuelvan a la Administración de Justicia los jueces y magistrados que hayan ocupado puestos de ministro, subsecretario, secretario general, diputado nacional o diputado autonómico. Esa excedencia forzosa y la obligación de concursar, para obtener nuevo destino impedirá que se repita una trayectoria, por ejemplo, como la del juez Baltasar Garzón, que volvió a su puesto de la Audiencia Nacional tras dimitir como alto cargo del Ministerio del Interior.
La ministra de Justicia no quiso opinar sobre las declaraciones realizadas a EL PAÍS por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en las que éste criticó la rebelión de varios fiscales de la Audiencia. E igual de cauta fue cuando otro periodista le preguntó si le resulta incómodo estar en un Gobierno que ha decidido no desclasificar los papeles del Cesid sobre el GAL cuando ella había defendido el envío de esos documentos secretos a la justicia. "El Gobierno ha tomado una decisión de la que es solidaria la ministra de Justicia. Eso no implica comodidad ni incomodidad", zanjó.
Aznar no ha fijado todavía la fecha de una próxima reunión con Jordi Pujol, pero es probable que se celebre la semana que viene. El objeto principal de la conversación sería consensuar los Presupuestos Generales del Estado para 1997. El próximo viernes, la reunión del Consejo tendrá carácter deliberante, bajo la presidencia del Rey.
La ministra de Justicia y el Secretario de Estado de Comunicación inauguraron ayer una nueva decoración de la sala de conferencias de prensa. Los tonos azules y grises de la etapa socialista, que presumiblemente perseguían solemnidad y seriedad, han sido sustituidos por pintura amarilla en la pared y por un decorado de fondo coloreado en dorado viejo, con manchas de tonalidades distintas y paneles con iluminación interior, que evocan una estética de plató ficticio, o de bar de copas. Los ministros ya no aparecen ante los periodistas por vía frontal sino lateral, y atraviesan un pasillo de butacas antes de llegar a la mesa, oscura, de nogal, sobre suelo claro, de cerezo.
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