El Poder Judicial pone serios reparos a la videovigilancia

El Consejo General del Poder Judicial debatirá en su reunión plenaria de hoy un informe sobre la instalación de videocámaras en las calles para prevenir y perseguir algaradas y disturbios en el País Vasco. El estudio presenta serios reparos al proyecto del Ministerio del Interior y pide que se incrementen las garantías.

El informe previo, elaborado por la Comisión de Estudios del órgano de gobierno de los jueces, aconseja al Ejecutivo que introduzca mayores cautelas en el proyecto, ante el temor de que pueda verse afectado el derecho de los ciudadanos a la intimidad y propia imagen. El ...

El Consejo General del Poder Judicial debatirá en su reunión plenaria de hoy un informe sobre la instalación de videocámaras en las calles para prevenir y perseguir algaradas y disturbios en el País Vasco. El estudio presenta serios reparos al proyecto del Ministerio del Interior y pide que se incrementen las garantías.

El informe previo, elaborado por la Comisión de Estudios del órgano de gobierno de los jueces, aconseja al Ejecutivo que introduzca mayores cautelas en el proyecto, ante el temor de que pueda verse afectado el derecho de los ciudadanos a la intimidad y propia imagen. El texto recomienda un régimen más estricto en la concesión de autorizaciones para la instalación de videocámaras. Sugiere también que se refleje con más nitidez cuál será la autoridad responsable de la captación de imágenes y que se concreten las garantías sobre la destrucción posterior de imágenes y sonidos que no sirvan a los fines específicos del proyecto.

La captación de imágenes de transeúntes, según el informe del Poder Judicial, afecta al derecho a la imagen y puede incidir en un ámbito de la intimidad del ciudadano, que se debe preservar.

Por ese motivo, y aun sin dejar de reconocer que el texto es "garantista", el informe del Poder Judicial reclama la introducción de cautelas similares a las establecidas en la Ley de Protección de Datos Informáticos. El texto sometido a debate se opone, sin embargo, a que sea un magistrado del Tribunal Supremo quien presida la comisión de control de la videovigilancia.

El Consejo del Poder Judicial, por otra parte, estudiará también modificaciones legales para regular en sentido más restrictivo el retorno a la magistratura de los jueces tras el desempeño por éstos de cargos políticos.