La policía debe destruir las cintas a los dos meses

Jaime Mayor y Juan María Atutxa resaltaron las garantías que contempla la futura ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.' Entre éstas, que las filmaciones deben ser destruidas en un plazo de dos meses salvo que contengan imágenes relacionadas con una investigación policial o un procedimiento en marcha o bien que sean útiles para depurar infracciones administrativas graves.Todos los interesados tendrán derecho a visionar las grabaciones o a pedir su cancelación y sólo se les denegará si existen "motivos de seguridad o defensa" o procedimientos judiciales o administrativos relacion...

Jaime Mayor y Juan María Atutxa resaltaron las garantías que contempla la futura ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.' Entre éstas, que las filmaciones deben ser destruidas en un plazo de dos meses salvo que contengan imágenes relacionadas con una investigación policial o un procedimiento en marcha o bien que sean útiles para depurar infracciones administrativas graves.Todos los interesados tendrán derecho a visionar las grabaciones o a pedir su cancelación y sólo se les denegará si existen "motivos de seguridad o defensa" o procedimientos judiciales o administrativos relacionados con quienes soliciten la cancelación.

La futura ley obligará a la policía a remitir al juez la grabación original, en el plazo máximo de 24 horas después de visionada, cuando constate que la película demuestra la existencia de un delito. En caso de que se capten infracciones administrativas, se remitirá al órgano competente para el inicio del expediente sancionador.

Prohibido en lugares cerrados

El proyecto del Gobierno central y el Gobierno vasco señala que no se podrán realizar grabaciones en vestíbulos, viviendas y lugares cerrados si la policía no cuenta con autorización judicial.

Las cámaras móviles podrán utilizarse en los lugares donde exista autorización para instalar. cámaras fijas, así corno en otros lugares públicos siempre bajo autorización del jefe policial correspondiente. La comisión de control, presidida por un juez, será informada mensualmente de las operaciones que se hagan con videocámaras móviles. Además, se le comunicará con 10 días de antelación los dispositivos que se van a poner en marcha. "Si por razones de urgencia no se puede conseguir esta autorización previa, se informará de tales circunstancias al jefe policial", se aclara en el proyecto.

El consejero Atutxa reconoció que todavía quedan por regular muchos aspectos de la lucha contra la violencia callejera, tales como la utilización de máscaras y capuchas por los alborotadores, a demás de que sigue quedando a merced de la discrecionalidad de los jueces el valor probatorio de las grabaciones.

El ministro, conocedor de que el proyecto crea suspicacias en diversos sectores políticos y sociales, pidió a todos que estudien el proyecto sin juicios a priori.

El juez de la Audiencia Nacional Ventura Pérez-Mariño, ex diputado socialista, opinó ayer en Avila que "la instalación institucional de cámaras en la calle tiene muchísimas posibilidades de ser vulneradora del derecho a la intimidad", informa Carlos de Miguel. El juez recordó que esta iniciativa "se dejó sin efecto hace vanos anos porque podría ser atentatorio" contra los derechos ciudadanos.

José Antonio Alonso, de Jueces para la Democracia, dijo que la nueva ley "plantea problemas de legalidad", mientras que la Asociación Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura creen que no vulnera la Constitución.