La acusación particular contra el Colegio de Corredores pide al juez que inculpe a Conthe
La acusación particular en el proceso abierto contra el Consejo General del Colegio de Corredores por presuntos delitos fiscales, exacciones ilegales y falsedades documentales solicitó ayer al juez que instruye el caso, Miguel Moreiras, que decrete como inculpados en el caso al ex director del Tesoro y anterior secretario de Estado de Economía, Manuel Conthe, y a Adolfo Príes, actual presidente del Consejo General de Corredores de Comercio. En este escrito inculpatorio se destaca que los mencionados delitos tienen carácter continuado, por lo que no se descarta inculpar también al actual direct...
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La acusación particular en el proceso abierto contra el Consejo General del Colegio de Corredores por presuntos delitos fiscales, exacciones ilegales y falsedades documentales solicitó ayer al juez que instruye el caso, Miguel Moreiras, que decrete como inculpados en el caso al ex director del Tesoro y anterior secretario de Estado de Economía, Manuel Conthe, y a Adolfo Príes, actual presidente del Consejo General de Corredores de Comercio. En este escrito inculpatorio se destaca que los mencionados delitos tienen carácter continuado, por lo que no se descarta inculpar también al actual director del Tesoro, Jaime Caruana, "si no toma medidas en breve", señala el abogado Gonzalo Villarubia, que representa a la acusación particular.Esta acción se suma a las denuncias presentadas por el corredor de comercio Pablo Muñoz Cuéllar y varias organizaciones de consumidores en los últimos años en las que se constataba la no presencia generalizada de los corredores en los actos o contratos en los que intervienen y el cobro de tasas superiores a las establecidas en el arancel que regula las percepciones de los corredores, Villarubia cree que Manuel Conthe, como director general del Tesoro, "conocía estos asuntos por una carta enviada por el propio Consejo General de Corredores de Comercio en la que se le advertía que el arancel era pírrico y que el colectivo cobraría a partir del 1 de mayo de 1994 más de lo que está establecido legalmente".
La Audiencia Nacional obligó el pasado abril a Moreiras, que intentó archivar el caso, a reabrir el proceso por entender que existen indicios de delito.