Bruselas ataja el intento de cortar las ayudas a los países excluidos del euro

Los tres comisarios responsables de los grandes departamentos del gasto en la Unión Europea han cortocircuitado el intento de recortar las subvenciones estructurales a los países excluidos de la moneda única que no logren cumplir el requisito del déficit fijado en Maastricht. Consideran, en un documento al que ha accedido EL PAÍS, que la pretensión francesa de condicionar las ayudas a los resultados macroeconómicos atenta contra la legalidad, la racionalidad económica y la conveniencia política.

"Por razones legales, económicas y políticas considero imposible e indeseable introducir una...

Los tres comisarios responsables de los grandes departamentos del gasto en la Unión Europea han cortocircuitado el intento de recortar las subvenciones estructurales a los países excluidos de la moneda única que no logren cumplir el requisito del déficit fijado en Maastricht. Consideran, en un documento al que ha accedido EL PAÍS, que la pretensión francesa de condicionar las ayudas a los resultados macroeconómicos atenta contra la legalidad, la racionalidad económica y la conveniencia política.

"Por razones legales, económicas y políticas considero imposible e indeseable introducir una condicionalidad macroeconómica en los fondos estructurales" (Social, Regional y el agrícola FEOGA) durante el periodo ya programado hasta 1999, manifestó ayer a este diario Monika Wulff-Mathies, la comisaria de Política Regional. WuIff-Mathies se manifestó también en contra de esa condicionalidad para después de 1999, y resaltó que el primer objetivo de los fondos en el paquete plurianual que se inicie entonces debe ser la lucha contra el paro, razón por la cual "España necesitará una ayuda masiva durante bastantes años".La rotundidad de la comisaría alemana va pareja con la que se exhibe en el documento confidencial, con carácter de borrador, titulado Condicionalidad y fondos estructurales, elaborado por sus propios servicios y los de los titulares de Asuntos Sociales, Pádraig Flynn, y Agricultura, Franz FischIer. Este documento, al que, deben asociarse el presidente Jacques Santer y el responsable de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, constituye una bofetada en toda regla al intento francés -apoyado desde Bruselas por De Silguy- de recortar las ayudas a los países que no logren alcanzar la primera velocidad monetaria e incumplan los techos de déficit (veasé EL PAÍS del 30 de mayo y del 13 de junio). Por dos veces el texto cita al ministro de Economía francés, Jean Arthuis, cuyos argumentos destruye en cinco páginas. "La Comisión constata las dificultades reglamentarias insuperables y la imposibilidad política de introducir una condicionalidad macroeconómica para los fondos", indica el texto en su conclusión. La pretensión francesa -que perjudicaría sobre todo a España- es jurídicamente imposible porque "el Consejo de Ministros debe decidir por unanimidad"' algo que no se alcanzará. Además, "comporta el riesgo de reabrir la discusión sobre otras clásulas reglamentarias, sobre todo la adicionalidad'". Ese concepto es el que obliga a los Estados miembros a añadir un porcentaje a las subvenciones de Bruselas para completar la financiación de los proyectos, algo a lo que en su momento se opuso el Reino Unido.

Políticamente, la idea francesa es inservible, porque los países perjudicados serían "los que tienen ahora mismo mayores dificultades" para acceder a la moneda única: el castigo de retirarles las subvenciones "raléntizaría su proceso de convergencia real sin resolver en nada sus dificultades presupuestarias", indica. Económicamente, la condicionalidad resultaría un disparate porque las políticas estructurales pretenden equilibrar la renta a largo plazo, mientras la convergencia macroeconómica "se basa en indicadores de corto plazo, reflejando en parte circunstancia coyunturales". Retirar las subvenciones supondría "abandonar programas previstos" en perjuicio de la convergencia real añade el texto.Esa condicionalidad existe sólo para el fondo de cohesión -que supone "menos del 10% de los fondos estructurales", recuerda el documento- porque, fue pensado para "facilitar los ajustes presupuestarios" de cara a la unión monetaria. Pero confundidos destinatarios de uno y otro sería fatal, porque el fondo de cohesión se despliega a nivel nacional, mientras que el resto "se aplica al desarrollo y a la reconversión de las economías regionales". Además, si la limitación se aplicase a las regiones de objtivo 1 -las más pobres-, sólo se beneficiaría a "varios de los Estados más prósperos, como Dinamarca, Luxemburgo, Suecia Finlandia, mientras que los menos ricos serían potencialmente los más afectados".