La investigación dio un giro radical tras el regreso a la Audiencia

Baltasar Garzón regresó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994. El 21 de octubre reactivó la investigación del secuestro de Segundo Marey, un caso de 1983 que languidecía, pero no había prescrito por iniciativa del fiscal. Sin mediar nuevos datos ni testimonios, el juez dio un giro radical a la indagación, centrada entonces en la infructuosa citación de decenas de agentes para aclarar si habían visto algo raro en el puesto fronterizo de Dantzarinea o sabían quién usaba un teléfono de la Jefatura de Bilbao.Garzón pidió a Interior que aclarase "quiénes han ocupado la Dirección General de la Seg...

Baltasar Garzón regresó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994. El 21 de octubre reactivó la investigación del secuestro de Segundo Marey, un caso de 1983 que languidecía, pero no había prescrito por iniciativa del fiscal. Sin mediar nuevos datos ni testimonios, el juez dio un giro radical a la indagación, centrada entonces en la infructuosa citación de decenas de agentes para aclarar si habían visto algo raro en el puesto fronterizo de Dantzarinea o sabían quién usaba un teléfono de la Jefatura de Bilbao.Garzón pidió a Interior que aclarase "quiénes han ocupado la Dirección General de la Seguridad del Estado entre enero de 1983 y junio de 198T'. El cargo lo habían ocupado Julián Sancristóbal y, con rango de secretario de Estado, Rafael Vera. Ambos fueron posteriormente procesados.

El juez reclamó igualmente "la relación de responsables policiales inferiores al director general de Seguridad del Estado y de los que tenían dependencia jerárquica José Amedo Fouce y, Michel Domínguez en los años 1982, 1983 y 1984". Eran el ex jefe de la lucha antiterrorista Francisco Álvarez Sánchez y el ex jefe superior de Bilbao Miguel Planchuelo. Los dos fueron procesados.

Era un auto al revés, según letrados que han participado en los sumarios de los GAL: Garzón sabía las respuestas cuando hacía las preguntas y tenía claros los objetivos cuando planteaba sus peticiones.

El juez también pidió a Interior "cualquier documento o carta" en la que Amedo o Domínguez "hagan referencia velada o escrita a los hechos que se investigan". Buscaba los comprometedores papeles a los que Domínguez había aludido ante él, como el comunicado de reivindicación de la primera acción de los GAL. También pidió al juez Paul Perraudin datos sobre las cuentas suizas de Domínguez y Amedo, de las que ellos aún no habían hablado.

Domínguez dijo a su defensor que se sintió atemorizado y presionado al ver en el auto los datos extraoficiales que en abril de 1993 había comunicado al juez. Tras varias entrevistas con él, quedó convencido de que sólo le cabía sumarse a la iniciativa judicial para no volver a la cárcel, como le advirtió Garzón, según fuentes próximas al ex policía.

Pero el principal problema era que el equipo del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, había cerrado el grifo de los fondos reservados y los ahorros suizos estaban a punto de evaporarse. Lo que forzó el arrepentimiento de Domínguez fue saber que su mujer, titular de la cuenta, podía ir a prisión por un delito monetario si no colaboraba: En consecuencia, no sacó ni una peseta, aunque tuvo meses para vaciar las cuentas. Entonces optó por contar oficialmente lo que sabía.