"En esta legislatura hay que renovar los pactos autonómicos de 1992"

, Jorge Fernández Díaz, 45 años, catalán, ex responsable de Política Autonómica del PP, es el nuevo secretario de Estado de Administración Territorial y brazo derecho del ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Fernández revela que el Gobierno apuesta decididamente en, esta legislatura por una renovación de los pactos autonómicos, suscritos en 1992 entre el PSOE y el PP, con una ampliación del poder de las comunidades. No fija plazo para los nuevos pactos, pero tiene claro el calendario previo.En primer lugar, pretende agotar el contenido de los pactos de 1992 para antes de...

, Jorge Fernández Díaz, 45 años, catalán, ex responsable de Política Autonómica del PP, es el nuevo secretario de Estado de Administración Territorial y brazo derecho del ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Fernández revela que el Gobierno apuesta decididamente en, esta legislatura por una renovación de los pactos autonómicos, suscritos en 1992 entre el PSOE y el PP, con una ampliación del poder de las comunidades. No fija plazo para los nuevos pactos, pero tiene claro el calendario previo.En primer lugar, pretende agotar el contenido de los pactos de 1992 para antes del verano, con la excepción del traspaso de la Educación, que culmina en 1997. Paralelamente, cumplirá los acuerdos que el Gobierno y los partidos nacionalistas alcanzaron en abril para las comunidades de vía rápida. El nuevo modelo de financiación autonómica será la guinda del nuevo pacto, que afectará a las 17 comunidades, con la sanidad como elemento clave del traspaso. El proyecto culmina con el pacto local, esto es la cesión. de competencias de las autonomías para aproximar el modelo de Estado al ideal de un reparto del gasto público de 50%-25%-25% entre Administración central, autonomías y ayuntamientos.

Fernández no es amigo de definiciones para el modelo de Estado de España, al que considera único, con unos elementos federales y otros diferenciales.

Pregunta. Hoy, miércoles, entra en la comisión de subsecretarios el primer proyecto de ley pactado entre el PP y CiU: el de reforma de la Administración périfériea del Estado (LOFAGE). ¿Qué cambios ofrece en relación con el proyecto socialista que no llegó a ser debatido en las Cortes? .

Respuesta. El trabajo principal estaba hecho. La LOFAGE es la ley que regula la organización territorial del Estado y, por tanto, no estamos hablando de cuestiones partidistas. Por eso es lógico que haya coincidencias con el anterior Gobierno. La principal novedad que introducimos es la supresión de la figura del gobernador civil, que la sustituirnos por el subdelegado provincial del Gobierno en cada comunidad, que tendrá un perfil administrativo y por ello será un funcionario de carrera. Al no ser el representante del Gobierno en la provincia, no será nombrado por el Consejo de Ministros, sino por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Es nuestra aportación sustancial.

P. Los socialistas creen que a supresión de la figura de los gobernadores supone una pérdida de la autoridad política en aquellas provincias, como en Castilla y León, muy amplias territorialmente.

R. Es un debate político que hemos zanjado. Podían desaparecer en las comunidades consideradas históricas, según el artículo 2 de la Constitución -País Vasco, Cataluña y Galicia-, y no en otras. Sería una apuesta en la dirección de: un desarrollo heterogéneo de la Constitución. Pero hemos optado por que los gobernadores desaparezcan del territorio nacional sin distinciones.

P. El Gobierno ha convocado, para el 12 de junio la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos.. ¿Va a debatir la inclusión de la figura del agregado de las autonomías en la Embajada española en Bruselas (REPER), pactada entre el PP y el PSOE?

R. El Ministerio para las Administraciones Públicas ha convocado a la Conferencia para continuar con la tradición de reunirla antes de los consejos europeos. También, de acuerdo con el pacto con CiU, se designará a un funcionario español como agregado ante la REPER y tendrá como misión la comunicación con las oficinas autonómicas en Bruselas para tenerlas informadas de los trabajos .de la comisión.

P. La financiación autonómica es él gran caballo de batalla de los pactos entre ustedes y Convergéncia i Unió. ¿Cuándo piensan convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que debatirá la financiación?

R. Se podrá convocar el Consejo antes de las vacaciones del verano, una vez concluido el periodo de consultas con los partidos y presidentes autonómicos. En estas consultas, tenemos muy en cuenta que el acuerdo con CiU forma parte nuclear de la financiación autonómica.

P. ¿El pacto con CiU les deja margen de maniobra para pactar, algo con el PSOE o Izquierda Unida en materia de financiación autonómica?

R. Hay mucha tela por cortar. Quedan por ver los mecanismos de solidaridad, sobre la dotación y cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial. Están también los fondos estructurales europeos y quedan por fijar los criterios para la participación de las comunidades en los ingresos del Estado (PIE).

P. El ministerio ha tenido una primera reunión con el PSOE. ¿Hay posibilidad de acuerdo en financiación autonómica como en el resto de las cuestiones?.

R. Hay una voluntad clara del PSOE de llegar a acuerdos en temas que afectan a la configuración del Estado y que se mantenga el consenso sobre el Título VIII de la Constitución para el futuro. El acuerdo alcanza al desarrollo último de las competencias de los pactos del 92, al pacto local y a un nuevo pacto autonómico para el futuro.

P. Pero antes tienen que solventar la reforma del Estatuto de Aragón. ¿Va a aceptar el Gobierno alguna fórmula de financiación para Aragón distinta al sistema común?

R. El Gobierno no contempla establecer regímenes financieros especiales fuera de los existentes en el País Vasco y Navarra.

P. ¿No le acarreará al Gobierno problemas con sus aliados del Partido Aragonés (Par)?

R. En materia de Financiación autonómica, no podemos romper el actual modelo porque haría saltar por los aires el desarrollo del Título VIII de la Constitución. Ya es complicado introducir una dosis de corresponsabilidad fiscal. Ir más allá ahora no sólo me parece imprudente, sino innecesario.