El fiscal pregunta por el futuro de 183 chalés ilegales de Torrelodones

El urbanismo de Torrelodones (10.080 habitantes) está en el banquillo de los acusados. Con tres sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las normas urbanísticas de 1986 que permitieron construir en tres terrenos hasta entonces rústicos. La decisión del Tribunal afecta a 183 chalés de la urbanización Los Peñascales, la mayor del municipio, cuyo futuro es una incógnita. La Fiscalía de Madrid citó el lunes al alcalde para que le explicara si las casas van a ser derribadas.

El alcalde de Torrelodones, Mario Mingo, del PP, y el concejal de Urbanismo, Enrique...

El urbanismo de Torrelodones (10.080 habitantes) está en el banquillo de los acusados. Con tres sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las normas urbanísticas de 1986 que permitieron construir en tres terrenos hasta entonces rústicos. La decisión del Tribunal afecta a 183 chalés de la urbanización Los Peñascales, la mayor del municipio, cuyo futuro es una incógnita. La Fiscalía de Madrid citó el lunes al alcalde para que le explicara si las casas van a ser derribadas.

El alcalde de Torrelodones, Mario Mingo, del PP, y el concejal de Urbanismo, Enrique Muñoz López, explicaron al fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, que la decisión final depende del Tribunal Supremo, donde está ahora el contencioso. No obstante, Mingo adelantó que si hay que derribar los chalés, "la constructora y el Ayuntamiento indemnizarán a los vecinos" aseguró el alcalde de Torrelodones.De momento, sobre tres polígonos de la urbanización pesan varias sentencias del TSJM que declaran ilegal la recalificación de los terrenos. Según las resoluciones, el suelo sigue siendo rústico. Los tres terrenos -los chalés se asientan en uno de ellos, en otro sólo existen las calles y el tercero, propiedad de la Comunidad, sigue intacto- abarcan una superficie cercana al medio millón de metros cuadrados. Las sentencias del TSJM de enero de 1992, marzo de 1995 y junio de 1992 (ratificada por el Tribunal Supremo en otra sentencia de abril de 1996), una por cada terreno, respectivamente, anulan la recalificación efectuada en 1986 y dejan fuera de la ley los 183 chalés construidos a partir de 1990, así como otros que se construyen actualmente sobre- el polígono 1.

Las tres sentencias declaran ilegales la calificación de los terrenos como urbanos "porque carecían de infraestructura s básicas (agua, luz y teléfono) y porque menos de la mitad estaba rodeado de terrenos urbanos en el momento en el que se incluyen en las normas de ordenación urbana" aseguró Álvaro Díaz-Guardamino, presidente de la Agrupación de Vecinos Independientes de Torrelodones (grupo político de- la oposición municipal que tiene dos concejales en el Ayuntamiento y que lleva desde el 90 intentando la paralización de las obras en el polígono 1 y varios meses con las del 2.

Por contra, el abogado de la promotora aseguró el miércoles que existen otras tres sentencias, con fechas de mayo de 1995, mayo de 1993 y octubre de 1991 del mismo tribunal y referentes al polígono 1, que dan la razón a su cliente. El Tribunal Supremo deberá decantarse por una de las partes.

Algunos de los residentes afectados ya están vendiendo sus viviendas por temor a que sean derribadas. "Nos iremos a un lugar menos conflictivo", comentó uno de ellos.

Mingo, que no estaba en el Gobierno local cuando se produjo la recalificación, sí dio el visto bueno a la urbanización en 1990. Mingo declaró que "el polígono 1 tiene sobre sí dos sentencias, de octubre de 1989 y de noviembre de 1995, una del TSJM y la otra del Supremo, que autorizan el estudio de detalle de la urbanización". "Los primeros contenciosos fracasaron por la inexperiencia del abogado; sin embargo, un segundo letrado [especialista en temas urbanísticos] sí logró que los jueces declararan ilegales las obras", afirmó.

Santiago Martín, portavoz de Aedenat, declaró que las sentencias son una gran noticia para los encinares madrileños. Se tiene que proceder a sus ejecuciones con todas sus consecuencias. El Ayuntamiento y la constructora deben indemnizar a los propietarios".

Las obras del polígono 2 están paralizadas desde hace dos meses. Este terreno hace frontera con la tapia de El Pardo y con un bosque de protección ecológica de Las Rozas. En las obras de urbanización se talaron cientos de encinas y enebros protegidos. El polígono 3 (que tiene un embalse de unas 18 hectáreas, aves acuáticas salvajes y galápagos) está salvado gracias a la sentencia del Supremo del mes pasado.

Valerio calificó las obras como un "delito ecológico".