Banesto rechaza presiones de Pérez Escolar al que tiene previsto pedir 12 años de prisión

Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto, ha esgrimido la posibilidad de presentar una querella por prevaricación y malversación de caudales contra el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo; el subgobernador, Miguel Martín, y el presidente del banco, Alfredo Sáenz, según fuentes jurídicas y de la propia entidad. Pérez Escolar ha hecho Llegar a la entidad financiera, según esas fuentes, que no adoptaría acciones y retiraría las demandas (cinco, en total) que ha presentado hasta la fecha si se le retira de la acusación del caso Banesto. El banco, no obstante, tiene intención de ped...

Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto, ha esgrimido la posibilidad de presentar una querella por prevaricación y malversación de caudales contra el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo; el subgobernador, Miguel Martín, y el presidente del banco, Alfredo Sáenz, según fuentes jurídicas y de la propia entidad. Pérez Escolar ha hecho Llegar a la entidad financiera, según esas fuentes, que no adoptaría acciones y retiraría las demandas (cinco, en total) que ha presentado hasta la fecha si se le retira de la acusación del caso Banesto. El banco, no obstante, tiene intención de pedir 12 años de reclusión por los delitos de estafa y prevaricación e indemnizaciones por casi 25.000 millones.

Rafael Pérez Escolar, que por su edad (supera los 70 años) no pasaría por la cárcel si así se decidiese, trata de evitar su paso por el banquillo de los acusados del caso Banesto. El abogado está incluido en la acusación junto a varios ex consejeros y ex directivos de Banesto, entre ellos Mario Conde, Arturo Romani y Fernando Garro, por varios delitos contra el patrimonio del banco en su gestión al frente del mismo. Las partes personadas en la querella, entre ellas Banesto, tienen de plazo para presentar su, escrito de acusación ante el juez el próximo día 20.Según fuentes jurídicas, posteriormente confirmadas por el propio banco, el abogado de Pérez Escolar, Jesús Castrillo, hizo llegar al equipo jurídico de Banesto que tenía preparada una nueva ofensiva contra el banco. Dicha ofensiva se concretaría en la presentación de una querella por prevaricación y malversación de caudales contra Luis Angel Rojo y Miguel Martín (gobernador y subgobernador del Banco de España) y contra Alfredo Sáenz, presidente de Banesto. No obstante, estaría dispuesto a no presentarla y a retirar otras cinco actuaciones judiciales (tres impugnaciones presentadas con tras las juntas generales de Banesto -marzo y agosto de 1994 y febrero de 1995-, la denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Fondo de Garantía de Depósitos y la acción individual de responsabilidad contra cuatro miembros del órgano provisional de administración de Banesto tras ser intervenido) si el banco le retirase de la acusación.

Banesto, sin embargo, "no está dispuesta a aceptar presiones de ese tipo", según fuentes del banco. Al contrario, la entidad tiene previsto acusarle y solicitar 12 años de prisión. Por un lado, se le piden seis años por estafa en Dorna, actuación en la que también se pide una indemnización por valor de 19.500 millones de la que deberían responder solidariamente las sociedades a las que ha traspasado el patrimonio, principalmente Cifuentes 2.000. Pide otros seis años en el caso Carburos por apropiación indebida y estafa, así como una indemnización solidaria con Hachuel por 4.944 millones.

La querella que, según las fuentes consultadas, esgrime Pérez Escolar se basa en que, según éste, el actual equipo gestor del banco ha manifestado, en una respuesta jurídica a un tribunal de Nueva York, que los estados financieros del banco estaban en buen estado cuando entró en su capital el grupo Carlisle (en agosto de 1993), como publicaba ayer Abc. Carlisle demandó a Banesto en marzo de 1994 solicitando que se declarase nula la compra de acciones del banco "por haber sido engañados" en las condiciones y que se pagasen 27 millones de dólares. También le demandó por daños y perjuicios por valor de 20 millones de dólares y solicitó una multa que podría rondarlos 20 millones.

Banesto contestó que no es cierto que a Carlisle se le engañara "porque tuvo acceso directo al folleto informativo que tuvieron todos los accionistas y, además, conoció otras informaciones, según consta en el contrato entre el banco y el grupo", según fuentes de la entidad. "Y, además, representantes suyos pudieron comprobar los estados financieros del banco durante seis meses en las oficinas, directamente y a través de fondo Corsair". "Es muy distinto", apuntan en el banco, "afirmar que Carlisle tenía toda la información y que no fue engañado a decir que los estados financieros estaban bien".