Un consorcio reduce en un 29% las viviendas de protección oficial
El consorcio Valdelasfuentes, formado al 50% por el Ayuntamiento de Alcobendas (PSOE) y la Comunidad, ha reducido un 29,5% de 2.600 a 1.832- el número de viviendas de protección oficial (VPO) que pretende construir en este nuevo barrio al norte de la ciudad. A cambio, el consorcio levantará otras tantas (768) de precio tasado, que se unen a las 700 de precio libre previstas. En total, Valdelasfuentes acogerá 3.300 viviendas. En el nuevo barrio parará el tren de cercanías.
Como consecuencia del cambio de uso del suelo, los trámites burocráticos se retrasarán un año , con lo que los...
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El consorcio Valdelasfuentes, formado al 50% por el Ayuntamiento de Alcobendas (PSOE) y la Comunidad, ha reducido un 29,5% de 2.600 a 1.832- el número de viviendas de protección oficial (VPO) que pretende construir en este nuevo barrio al norte de la ciudad. A cambio, el consorcio levantará otras tantas (768) de precio tasado, que se unen a las 700 de precio libre previstas. En total, Valdelasfuentes acogerá 3.300 viviendas. En el nuevo barrio parará el tren de cercanías.
Como consecuencia del cambio de uso del suelo, los trámites burocráticos se retrasarán un año , con lo que los ciudadanos no verán construidos los bloques hasta el año 2000. Aunque el trastrueque en los planes ha sido consensuado por la Comunidad, el consorcio y el Ayuntamiento de Alcobendas, cada parte da razones distintas para la aparición de viviendas de precio tasado en detrimento de las de protección oficial, más baratas.
Según el gerente del consorcio, Fernando Menéndez, había un "ligero desajuste" entre viviendas de protección oficial y libres, y la entidad corría el riesgo de perder dinero. Para Gabriel Martínez, de IU, "sin esas viviendas de precio tasado no podríamos sufragar las de VPO, porque las 700 de precio libre son insuficientes para pagar las expropiaciones".
La Comunidad acordó, con todos los interlocutores sociales, "una distribución más coherente de las viviendas", según Francisco Extremera, del PP, "para arreglar así el fiasco económico que se nos venía encima". Por contra, Antonio Pérez, concejal de Urbanismo, afirma que el plan anterior era "válido y asumible", pero que se ha negociado con la Comunidad un proyecto "menos agresivo" para asegurar lo prometido en las elecciones.