Ocho concejales de Coslada, acusados de prevaricar en un concurso público
Ocho concejales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) prestaron ayer declaración, acusados por un opositor de un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido al ejercer como miembros del tribunal evaluador en una convocatoria de empleo público, según fuentes jurídicas.Con el visto bueno del ministerio fiscal, el juez admitió a trámite el pasado mes de febrero la querella criminal que interpuso el opositor, Jacinto Jarne Robles, contra los ocho ediles.
El opositor denunció que los miembros del tribunal trataron de conceder la plaza disponible de jefe de mantenimiento a uno de l...
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Ocho concejales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) prestaron ayer declaración, acusados por un opositor de un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido al ejercer como miembros del tribunal evaluador en una convocatoria de empleo público, según fuentes jurídicas.Con el visto bueno del ministerio fiscal, el juez admitió a trámite el pasado mes de febrero la querella criminal que interpuso el opositor, Jacinto Jarne Robles, contra los ocho ediles.
El opositor denunció que los miembros del tribunal trataron de conceder la plaza disponible de jefe de mantenimiento a uno de los aspirantes que no contaba con la titulación exigida.
La querella presentada por Jarne Robles ante los juzgados de primera instancia de Coslada se refiere a los ocho concejales que formaban parte de la comisión evaluadora: Ángel Medina García, Ángeles Santa Cecilia García, José Gómez Fernández, Alfonso Pascual Sanz, Manuel Monfort Paz, José Casado Covián, Andrés Couso Tapia y Alfonso Tirado Torres.
Los hechos sucedieron a principios de abril de 1995, cuando el Ayuntamiento de Coslada hizo una convocatoria pública de empleo para cubrir una plaza de jefe de mantenimiento para el Patronato Municipal de Cultura, Deporte y Juventud en régimen de interinidad.
La convocatoria estipulaba como requisito la titulación de ingeniero técnico industrial o arquitecto técnico. La selección se haría a través de un concurso-oposición en el que se valoraría el currículum de cada aspirante, tras lo cual se procedería a entrevistar a los elegidos.
La comisión valoró el currículum de 33 aspirantes, de entre los cuales resultaron seleccionados 4, entre ellos Mariano Barrio Fuentes, que finalmente fue el elegido para el puesto, a pesar de no poseer la titulación exigida en la convocatoria.
Según Luján, se produjeron otras irregularidades: las bases de la convocatoria no incluían los criterios de selección y no fueron publicados los componentes del tribunal calificador.