Más fácil que en 1993
La gobernabilidad constituye, casi en exclusiva, el centro de atención de los analistas políticos tras las elecciones del tres de marzo. Esta prioridad está desde luego justificada por los resultados electorales pero la problemática no es nueva. Ya se había planteado, cierto que con un menor énfasis, en 1993. ¿Pero en qué medida son coincidentes la problemática de entonces y la de ahora? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? Empecemos por los elementos formales del problema.Los resultados de las elecciones de junio de 1993 rompieron la serie de mayorías absolutas que generaron las eleccio...
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La gobernabilidad constituye, casi en exclusiva, el centro de atención de los analistas políticos tras las elecciones del tres de marzo. Esta prioridad está desde luego justificada por los resultados electorales pero la problemática no es nueva. Ya se había planteado, cierto que con un menor énfasis, en 1993. ¿Pero en qué medida son coincidentes la problemática de entonces y la de ahora? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? Empecemos por los elementos formales del problema.Los resultados de las elecciones de junio de 1993 rompieron la serie de mayorías absolutas que generaron las elecciones de la década anterior, determinando la ampliación del número de actores necesarios tanto para la formación del gobierno como para garantizar' su acción en forma estable. Si nos atenemos a la configuración que presenta el sistema de partidos tras los resultados de las elecciones del pasado tres de marzo, las similitudes con 1993 son casi exactas y como consecuencia de ello, los requisitos formales para la formación de un gobierno y para el ejercicio estable de su acción son igualmente similares. La diferencia es obviamente quién era entonces y quién ahora el actor principal, pero en ambas ocasiones vuelve a aparecer otra similitud: para favorecer la gobernabilidad ambos eligieron a CiU como socio principal. Entonces, Felipe González obtuvo el voto favorable de los nacionalistas catalanes en la primera votación de investidura y un acuerdo de apoyo al gobierno que finalmente se extendió por casi tres años. Ahora el PP negocia un acuerdo similar.
Desde el punto de vista formal las dificultades que presenta la gobernabilidad en 1996 son casi un calco de las que conformaban el panorama post-electoral de 1993. ¿Pero pasa lo mismo con los datos sustantivos del problema? Esta dimensión requiere prestar atención a los niveles de coincidencia o divergencia entre PSOE y CiU entonces y PP y CiU ahora acerca de dos cuestiones centrales: el tema autonómico y la política económica y social.
En relación al tema autonómico CiU ha mantenido diferencias tanto con el PSOE como con el PP sobre el modelo de financiación autonómica y la corresponsabilidad fiscal. La coincidencia con el PSOE, ha sido mayor respecto del futuro del proceso autonómico; CiU defiende su carácter abierto mientras que el PP considera necesario cerrarlo. Y por últmo, una posibilidad de en cuentro se abreentre el PP y CiU a partir de la propuesta de Administración Unica del primero. No parece que haya en el inmediato pasado razones por las que quepa atribuir al entendimiento entre CiU y PP en materia autonómica una dificultad significativamente superior a la que ha tenido la coalición catalana con el gobierno socialista. Por lo que se refiere a la política económica y social, las oposiciones de CiU y del Partido Popular presentan, al menos programáticamente, un grado de similitud superior al que había en 1993 entre la primera y el PSOE. Y no podría ser de otra manera porque los perfiles sociológicos del grueso de los electores que los dos primeros grupos políticos representan tienen enormes coincidencias. Desde esta perspectiva el acuerdo entre ambas formaciones tendría que alcanzarse con una mayor facilidad y tener un plus de estabilidad respecto del logrado entre CiU y el PSOE, en 1993.
Pero hay un tercer elemento a considerar. Durante el periíodo 1993-1996. la corrupción y la acumulación de escándalos políticos de diversa naturaleza han sido un factor de perturbación constante y de primera magnitud que, ha dificultado extraordinariamente la gobernabilidad. Por más que se atribuya a algunos medios de comunicación una amplificación ruidosa e innecesaria de los problemas -en todo caso contrarrestada con la sordina que a esos asuntos han puesto los medios audiovisuales de naturaleza pública- o que se culpe al PP de realizar- una oposición montaraz e irresponsable, con independencia de que haya habido estridencias coyunturales, inevitablemente las cosas han sido como han sido, y la corrupción y el escándalo político han estado- donde han estado. ¿Alguien puede imaginar que un gobierno de cualquier democracia europea soporte tan largo período de tiempo una acumulación de escándalos políticos tan extensa y sobre todo de naturaleza cualitativa tan importante?
Desde la perspectiva anterior las condiciones para la gobernabilidad son más favorables en 1996 que en 1993 ya que un gobierno del Partido Popular puede descontar el impacto negativo que los escándalos políticos han tenido sobre la estabilidad del Gobierno socialista en la legislatura anterior.
La gobernabilidad sólo es posible si las élites políticas tienden a minimizar los conflictos, lo que requiere una amplia gama de conductas que va desde asumir responsabilidades políticas en momentos de crisis a enfatizar las coincidencias por encima de las divergencias siempre que de ello dependa una acción estable de gobierno. Los dirigentes políticos no deberían olvidar que invariablemente la mayoría de los electores perciben de sí mismos una imagen más moderada que la del partido al que votan.
El desarrollo de un gobierno estable encontrará, no cabe duda, grandes dificultades pero en absoluto carece de apoyaturas en las que sostenerse. Desbrozada la hojarasca, el camino por el que debe avanzar un Gobierno del PP en 1996 aparece menos estrecho que el del Gobierno socialista en 1993.
Pilar del Castillo es catedrática de Ciencias Políticas de la UNED.
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