Garantías para todos
APLICAR LA ley, no dejar espacios de impunidad a los terroristas y a quienes les apoyan es un presupuesto necesario para toda estrategia antiterrorista digna de tal nombre. Pero aplicar la ley exige no exceder sus límites, respetar los derechos de todos los ciudadanos, también de los que están bajo sospecha. Aunque se hile tan fino, desde el punto de vista de las garantías procesales, como ha hecho la Audiencia Nacional al absolver al abogado de Herri Batasuna (HB) Txemi Gorostiza. Lo importante, más allá de esta controvertida absolución, es que el Estado de derecho no ha cejado hasta sentar e...
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APLICAR LA ley, no dejar espacios de impunidad a los terroristas y a quienes les apoyan es un presupuesto necesario para toda estrategia antiterrorista digna de tal nombre. Pero aplicar la ley exige no exceder sus límites, respetar los derechos de todos los ciudadanos, también de los que están bajo sospecha. Aunque se hile tan fino, desde el punto de vista de las garantías procesales, como ha hecho la Audiencia Nacional al absolver al abogado de Herri Batasuna (HB) Txemi Gorostiza. Lo importante, más allá de esta controvertida absolución, es que el Estado de derecho no ha cejado hasta sentar en el banquillo a este abogado de presos de ETA y dilucidar ante un tribunal de justicia si actuó como correo de la banda terrorista emboscado en su oficio de defensor.El asunto Gorostiza ha resultado especialmente revelador, por su carácter extremo, de las dificultades que encuentra el Estado de derecho para defenderse de quienes le combaten mediante el uso torticero de las garantías del derecho de defensa o el aprovechamiento ventajista de los resquicios de la ley puestos al servicio de los terroristas.
La Audiencia Nacional ha optado por reconocer la condición de letrado defensor de Gorostiza y, en consecuencia, la necesidad de contar con autorización judicial para grabar sus conversaciones con activistas de ETA. Ello le ha evitado la condena. Pero su absolución no implica que las conversaciones no existieran, que Gorostiza y sus interlocutores no hablaran de atentar contra funcionarios de prisiones como método de combatir la política de dipersión de los presos etarras. Pocos días después de la conversación era asesinado en San Sebastián el funcionario José Ramón Domínguez.
La justicia aún no ha dicho su última palabra en este caso. Falta aún el pronunciamiento del Supremo. En cualquier caso, el simple hecho de que un tribunal haya estudiado el asunto y dictado sentencia con un riguroso respeto a las garantías procesales prestigia y fortalece al Estado de derecho, por mucho que dificulte a veces la actuación policial. La historia reciente demuestra con creces que no hay nada peor en la lucha antiterrorista que los atajos extralegales.