Los inspectores de aduanas y seguros y los interventores apoyan la movilidad
Las asociaciones profesionales de interventores del Estado, inspectores de aduanas y de las últimas promociones de inspectores de seguros y tributarios han remitido al presidente del Consejo de Estado un escrito por el que reclaman el derecho a poder cambiar de especialidad. Estas asociaciones son ajenas a APIFE, que agrupa a los inspectores de Hacienda contrarios a la movilidad funcional.El Consejo de Estado tiene que emitir un dictamen sobre un proyecto de real decreto que pretende redistribuir el personal de Hacienda a través de la movilidad funcional entre las distintas especialidades que ...
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Las asociaciones profesionales de interventores del Estado, inspectores de aduanas y de las últimas promociones de inspectores de seguros y tributarios han remitido al presidente del Consejo de Estado un escrito por el que reclaman el derecho a poder cambiar de especialidad. Estas asociaciones son ajenas a APIFE, que agrupa a los inspectores de Hacienda contrarios a la movilidad funcional.El Consejo de Estado tiene que emitir un dictamen sobre un proyecto de real decreto que pretende redistribuir el personal de Hacienda a través de la movilidad funcional entre las distintas especialidades que componen el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado (inspectores financieros y tributarios, de aduanas, de seguros e interventores).
El escrito dirigido al presidente del Consejo de Estado va firmado por la Asociación de Inspectores de Aduanas, la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado (especialidad Intervención) y la Asociación General de Inspectores de Finanzas del Estado (AGIFE), todas ellas opuestas al deseo de la Asociación Profesional de Inspectores Financieros y Tributarios (APIFE), de que no salga adelante la citada norma.
En la carta, las tres primeras organizaciones expresan al Consejo de Estado la conveniencia de articular de manera efectiva el derecho a la movilidad funcional y, por ello, de que se apruebe el real decreto que lo desarrolla. Su no aprobación supondría, añaden, "un enorme perjuicio" para aquellos funcionarios que aún no han podido ejercer el derecho que les está legalmente reconocido en un decreto del año 1989, aunque todavía pendiente de desarrollo.