Víctimas olvidadas

DESDE DICIEMBRE pasado, España cuenta con una ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que prevé, entre otras cosas, la creación de oficinas para tal fin en los juzgados. Pero, de momento, estas oficinas brillan por su ausencia. Las contadas que existen se deben a iniciativas de jueces y profesionales que,. adelantándose a la implantación oficial, esperan forzar de ese modo la financiación de un servicio de contenido social tan acusado.Todas las leyes entran en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero algun...

DESDE DICIEMBRE pasado, España cuenta con una ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que prevé, entre otras cosas, la creación de oficinas para tal fin en los juzgados. Pero, de momento, estas oficinas brillan por su ausencia. Las contadas que existen se deben a iniciativas de jueces y profesionales que,. adelantándose a la implantación oficial, esperan forzar de ese modo la financiación de un servicio de contenido social tan acusado.Todas las leyes entran en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero algunas necesitan algo más: la asignación de los medios presupuestarios suficientes para cumplir sus fines. Sin esa dotación, esas leyes son papel mojado. Y eso podría ocurrir con una ley de fuerte contenido económico como es la de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos. Pero si el Gobierno propicia este tipo de leyes y el Parlamento las aprueba es para cumplirlas.

Es cierto que la implantación en los juzgados de oficinas de asistencia a las víctima s del delito no es tarea exclusiva del Ministerio de Justicia e Interior. La ley apela también a la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero en ninguno de estos ámbitos parece existir un excesivo interés en buscar fórmulas de financiación para este tipo de servicios. En los juzgados de Madrid funciona desde hace un año una de estas oficinas, a la que prestan su colaboración gratuita tres psicólogas, una abogada y Una asistenta social. Pero cuando se ha propuesto financiarla con el importe de las subastas de los bienes robados, Hacienda ha dado la callada por respuesta. La Comunidad de Madrid no ha pasado de mostrar su "máximo interés".

En principio, hay que felicitarse de que el Estado comience a sentir como propios los problemas de las víctimas del delito, tradicionales convidados de piedra del sistema penal. Pero si el Estado asume responsabilidades en este terreno debe hacerlo con todas sus consecuencias. Es una tarea que, por su carácter técnico y nivel de responsabilidad, requiere una dedicación remunerada y no voluntaria.