No es de recibo

La concepción de "derechos lingüísticos" que da Jesús Mosterín en EL PAÍS del 2 de febrero no es de recibo.A partir de la inquietante premisa de que en la democracia "la libertad individual [está] por encima del proceso democrático de decisión por mayoría" (y que llevada a su extremo legitimaría la circulación viaria a contramano, la negativa de los testigos de Jehová a que sus allegados reciban transfusiones de sangre o a la de los padres a que sus hijos reciban enseñanza de clase alguna), traslada su discurso a tema tan comunicacional -y, por tanto, tan preñado de exigencias colectivas como ...

La concepción de "derechos lingüísticos" que da Jesús Mosterín en EL PAÍS del 2 de febrero no es de recibo.A partir de la inquietante premisa de que en la democracia "la libertad individual [está] por encima del proceso democrático de decisión por mayoría" (y que llevada a su extremo legitimaría la circulación viaria a contramano, la negativa de los testigos de Jehová a que sus allegados reciban transfusiones de sangre o a la de los padres a que sus hijos reciban enseñanza de clase alguna), traslada su discurso a tema tan comunicacional -y, por tanto, tan preñado de exigencias colectivas como el lingüístico.

Y deduce que cada ser humano tiene derecho a "educar a sus hijos [es decir, a que les presten servicios educativos] en la lengua que desee", lo que aplicado literalmente comportaría, por ejemplo, que unos padres procedentes de Sri Lanka exigiesen a un centro de Guadal ajara la docencia en cingalés para su hijo. Fuerte.

La comparación entre el franquismo -que quiso destruir el "virus" (gobernador Galinsoga dixit) del uso de las lenguas euskera, catalana y gallega- y los actuales dirigentes autonómicos, que quieren reimplantar conforme a la Constitución unas lenguas propias, vividas, pero mermadas por la antigua represión y el predominio en los medios del castellano, es inicua.

Más que el "consenso de los partidos" (inexacto, el PP ha llevado a cabo una fugaz disidencia cuya actual ocultación preelectoral. de imagen centrista denuncia el pretérito oportunismo), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido la que ha asentado la legitimidad de la normalización lingüística catalana.

Esto y el tufillo demagógico de los protestantes debieran evidenciar para el articulista la artificiosidad del problema planteado. Ningún daño se hace, sí mucho, beneficio, a los hijos de quienes viven y trabajan en Cataluña aprender bien el catalán junto a un castellano omnipresente -también en la escuela- y a ser posible alguna lengua comunitaria (inglés, francés). No hay psicólogo ni pedagogo que dude de que el bilingüismo inicial potencia el plurilingüismo ulteriormente.- .