La investigación sobre Fibanc se centra en 21 cuentas con identidades dudosas

La Fiscalía Anticorrupción, encargada de los delitos económicos, y Hacienda investigan 21 cuentas abiertas en el Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), del que se llevaron abundante documentación tras un registro efectuado el pasado viernes. Una de estas cuentas está abierta a nombre de la sociedad Doget. Del resto se desconoce su identidad, aunque podrían figurar a nombre de comunidades de bienes, opacas al fisco. El banco afirma que la investigación se centra sólo en unas pocas cuentas sin que haya habido ninguna irregularidad.

La fiscalía, el juez Francisco González Maíllo y Hacie...

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La Fiscalía Anticorrupción, encargada de los delitos económicos, y Hacienda investigan 21 cuentas abiertas en el Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), del que se llevaron abundante documentación tras un registro efectuado el pasado viernes. Una de estas cuentas está abierta a nombre de la sociedad Doget. Del resto se desconoce su identidad, aunque podrían figurar a nombre de comunidades de bienes, opacas al fisco. El banco afirma que la investigación se centra sólo en unas pocas cuentas sin que haya habido ninguna irregularidad.

La fiscalía, el juez Francisco González Maíllo y Hacienda se han incautado de más de 300 documentos, entre los que figuran listas de empresas instrumentales y cuentas con identidades dudosas. El registro judicial del pasado viernes, en el que participó el fiscal jefe en funciones de Cataluña, José María Mena, se realizó para tratar de localizar una supuesta bolsa de dinero negro estimada en unos 20.000 millones de pesetas, según fuentes próximas a la investigación. En las últimas horas, diversos responsables de la entidad financiera han señalado que la cifra de 20.000 millones es "disparatada", informa Efe.Entre las personas investigadas en relación con la supuesta bolsa de dinero negro está Jaime Pedrol, que figura como uno de los creadores de la sociedad Amecsa, el embrión de Fibanc hace 15 años. Entre los socios iniciales de Amecsa se hallan el actual presidente del banco, Carles Tusquets, y el vicepresidente actual del banco, Alejandro Pérez Calzada. Esta sociedad fue vendida posteriormente por éstos a Carlos Nadales, cerebro del quebrado grupo Athos extraditado recientemente de Uruguay.

Las investigaciones se centran en averiguar la verdadera identidad de los propietarios de las 21 cuentas. El dinero de estas cuentas estaba invertido en pagarés del Tesoro, unos títulos financieros que han servido en los últimos años para ocultar importantes cantidades de dinero negro.

El magistrado Francisco González Maíllo -que ha decretado el secreto del sumario- y el fiscal Mena han tomado declaración a seis personas en relación con este caso. Uno de los que han declarado ante el juez es Ramón Lanau, asesor fiscal del banco y ex delegado de Hacienda en Barcelona.

Lanau trabajó en el despacho del abogado Juan Piqué Vidal. No es la primera vez que al despacho de Piqué Vidal se le relaciona con Fibanc. El año pasado, a raíz de la investigación de las operaciones del quebrado grupo Athos, el letrado Fernando Pavía declaró como inculpado ante el Juzgado de Instrucción número 20. Pavía fue acusado por el inversor Leonardo Tarrasón de haberle relacionado con la propuesta de invertir cuatro millones de pesetas para levantar una hipoteca de un edificio de Athos ubicado en Mónaco. También declaró la abogada del despacho de Piqué Gloria Viñals.

Fibanc -junto con los bancos Saudesbank, Sindibank y Lloyds Bank- canalizó inversiones del grupo financiero Athos, que manejó 50.000 millones de pesetas en dinero negro, de acuerdo con las investigaciones en curso. Su presidente, Carlos Nadales Costa, está en la prisión Modelo y declarará el lunes tras ser extraditado de Uruguay. Antes de su regreso a España, Nadales intentó saldar deudas con algunos inversores perjudicados que permanecen en el anonimato y que manejaron dinero negro. El abogado de Pavía, Miguel Capuz, negó que su defendido hubiera actuado de intermediario entre Nadales y los inversores perjudicados. Los informes de la brigada de delincuencia económica de Barcelona indican que Athos realizó gran parte de sus operaciones a través de una cincuentena de comunidades de bienes, similares a las que ahora investiga la fiscalía y el juez.

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