El fiscal acusa al PSOE de montar la trama Filesa para obtener ventaja en las elecciones de 1989

El fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, no está de acuerdo con la decisión del juez instructor Enrique Bacigalupo que reducía a siete el número de inculpados que deberán sentarse en el banquillo por la organización de la presunta imanciación ilegal del PSOE. Ayer presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de apertura de juicio oral decretado por Bacigalupo, en el que éste decretó el sobresegimiento de la causa. para 16 de los 23 acusados por Salinas. En el recurso, Salinas critica en tono muy ácido las resoluciones del se queja de que el a...

El fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, no está de acuerdo con la decisión del juez instructor Enrique Bacigalupo que reducía a siete el número de inculpados que deberán sentarse en el banquillo por la organización de la presunta imanciación ilegal del PSOE. Ayer presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de apertura de juicio oral decretado por Bacigalupo, en el que éste decretó el sobresegimiento de la causa. para 16 de los 23 acusados por Salinas. En el recurso, Salinas critica en tono muy ácido las resoluciones del se queja de que el auto de apertura r6se acerca más a una sentencia" y atribuye a Bacigalupo haberse "excedido" en sus funciones. Para Salinas, el propósito de Filesa fue crear la infraestructura que permitiera al PSOE ir a las elecciones de 1989 en mejores condiciones que el resto. de los partidos.

El recurso del fiscal Salinas deja traslucir el enfado de éste con el auto de apertura de juicio, que dejó muy devaluada la acusación de la fiscalía al sentar en el banquillo a sólo siete de los 23 acusados cuyo enjuiciamiento reclamaba el fiscal. En su escrito, Salinas se muestra decidido a ignorar que se ha producido un cambio (le juez instructor y resalta aparentes contradicciones entre decisiones que en realidad fueron dictadas por el ex juez Marino Barbero, primer instructor del caso, con otras que corresponden a Enrique Bacigalupo.En otro momento, Salinas formula "importantes observaciones" sobre el hecho de que el instructor decrete en algunos casos el "sobreseimiento libre" cuando a su entender corresponde el "sobreseimiento provisional". También le imputa "jugar con la prueba existente en la causa hasta este momento", acumulada tras una instrucción de cuatro años, e ignorar que en el juicio "se pueden aportar nuevos elementos de prueba".

El fiscal no se muestra de acuerdo con la afirmación de Bacigalupo de que el objeto del proceso consista simplemente "en la entrega de aportaciones al PSOE para su financiación por parte de empresas, a cambio de facturas por servicios inexistentes, con la finalidad de servirse, de las mismas para defraudar a Hacienda".

Según el fiscal, "limitar el objeto del proceso a una pura cuestión fiscal es ver únicamente un aspecto de los hechos investigados y de carácter secundario". Para Salinas, el objeto del proceso lo, constituyen "los medios delictivos utilizados por las partes (Filesa-empresas) para lograr el objetivo común (la financiación del PSOE) y el particular de cada uno de ellas, dirigido a lograr el máximo rendimiento al dinero recibido (Filesa-empresas) o a recuperar con cargo al erario público parte del dinero entregado (empresas)".

El fiscal también atribuye al instructor "no recoger la doctrina jurisprudencial dominante" sobre la falsedad en documento mercantil, citar "defectuosamente" precedentes jurisprudenciales, e incluso abrir el juicio oral de forma procesalmente "-incorrecta" por unos hechos calificados de distinta manera.

23 acusados

A lo largo de las 60 páginas del recurso, el fiscal insiste en que deben ser juzgadas las 23 personas a las que él acusa, entre ellas el ex responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote; la ex coordinadora de finanzas del mismo partido Aida Alvarez; el presidente de Cepsa, Alfonso Escámez, y el consejero del BBV José Antonio Sáez de Azcúnaga, a los que el juez exoneró en el auto de apertura.El fiscal discrepa de la decisión del instructor de excluir del delito de asociación ilícita a Sala, Navarro, Oliveró y Flores en virtud de que el objeto de Filesa no era cometer delitos, sino la financiación de un partido político, que no es en sí un fin delictivo.

Para Salinas, este razonamien-to puede llevar a "consecuencias absurdas". En su opinión, los acusados no acordaron obtener fondos para un partido político, sino que acordaron el logro de esa finalidad "utilizando las conductas delictivas que se precisen, fundamentalmente falsedades en documentos mercantiles y defraudaciones a Hacienda".

También considera que Galeote, Sala, Navarro y Ponsa, entre otros, deben ser juzgados por falsedad en documento mercantil. Ese delito, existió puesto que "existió la acción falsaria al faltarse a la verdad en las facturas que se confeccionaron por servicios no prestados". Los acusados, según el fiscal, también tuvieron "la conciencia y voluntad de que en un documento que la ley reputa como mercantil se hizo alguna de las alteraciones a la verdad".

El fiscal tampoco acepta la exoneración para los que regularizaron su situación con Hacienda. "La base para que se produzca la regularización tributaria es el pago de las deudas, de forma que el ingreso es el requisito básico para exonerar de responsabilidad administrativa. Esta concepción se opone a la esencia de lo que se pretende en el delito fiscal con su regularización", dice el fiscal.

En su auto del pasado 22 de diciembre, el juez Bacigalupo apreció que sólo había elementos para juzgar por delitos fiscales y electorales al senador del PSOE Josep Maria Sala, al diputado Carlos Navarro, a los ex administradores de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, al director de la campana electoral del PSOE de 1989, Ramón Moreda Luna, al fundador de Time Export Carlos Ponsa, y al ex consejero delegado de El Viso Publicidad Iñigo, Larrazábal.