Polémica en Italia por el plan para endurecer el trato a los inmigrantes

Políticos de todas las tendencias, sindicalistas y militantes del antirracismo criticaron ayer el acuerdo alcanzado la víspera por la Liga Norte y el Partido Democrático de la Izquierda (PDS) para lograr un endurecimiento de las medidas contra la inmigración, y en especial, contra los inmigrantes que comentan delitos. Dicho acuerdo debería ser recogido hoy mismo en el decreto ley del Gobierno de Lamberto Dini que la Liga ha exigido como condición para que el Parlamento apruebe los presupuestos generales para 1996.La norma, que entrará en vigor inmediatamente aunque después deba ser aprobada po...

Políticos de todas las tendencias, sindicalistas y militantes del antirracismo criticaron ayer el acuerdo alcanzado la víspera por la Liga Norte y el Partido Democrático de la Izquierda (PDS) para lograr un endurecimiento de las medidas contra la inmigración, y en especial, contra los inmigrantes que comentan delitos. Dicho acuerdo debería ser recogido hoy mismo en el decreto ley del Gobierno de Lamberto Dini que la Liga ha exigido como condición para que el Parlamento apruebe los presupuestos generales para 1996.La norma, que entrará en vigor inmediatamente aunque después deba ser aprobada por las cámaras, prevé la expulsión por vía administrativa, en el plazo de cinco días, de los inmigrantes extracomunitarios que cometan delitos de "gravedad media", como la extorsión, la explotación de la prostitución o el tráfico de drogas. Pero la expulsión puede obedecer también a la peligrosidad potencial de un sujeto, o de su supuesta capacidad de reincidencia en delitos menores.

Todas estas medidas han sido promovidas por la Liga Norte, el grupo federalista y antiromano nacido en Lombardía, que es la región más industrializada de Italia y la que más acusa los problemas de la inmigración. Según datos de Cáritas, Lombardía aloja al 22,4% de los ciudadanos extranjeros residentes en Italia, una población flotante que la misma fuente sitúa en cerca de un millón de personas, equivalente al 1,6% de la población italiana. A ellos habría que añadir unos 300.000 inmigrantes clandestinos.

El PDS, arrastrado a este asunto por su acuerdo de cooperación con la Liga, ha logrado que en el decreto se incluyan medidas orientadas a la normalización de situaciones irregulares. La Iglesia católica ha moderado, por ello, una actitud combativa frente a la campaña de la Liga.

Alianza Nacional y Forza Italia critican él acuerdo de centro izquierda con una tibieza que refleja, sobre todo, conveniencia política. Son, en cambio, contundentes las críticas de los sindicalistas de izquierda, de Refundación Comunista y de los verdes.