El Supremo rechaza el recurso de Conde y confirma a García Castellón en el 'caso Banesto'
El juez Manuel García-Castellón seguirá como instructor del caso Banesto por decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ayer rechazó los recursos de Mario Conde y otros implicados de su equipo y confirmó al magistrado como juez de apoyo para desatascar el juzgado del polémico Miguel Moreiras. El alto tribunal ha desestimado las alegaciones de Mario Conde, que, con el pretexto de reclamar su derecho al juez natural predeterminado por la ley, pretendía en realidad apartar de la instrucción a García-Castellón y que el caso Banesto fuese a parar a Moreiras.La resolución f...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez Manuel García-Castellón seguirá como instructor del caso Banesto por decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ayer rechazó los recursos de Mario Conde y otros implicados de su equipo y confirmó al magistrado como juez de apoyo para desatascar el juzgado del polémico Miguel Moreiras. El alto tribunal ha desestimado las alegaciones de Mario Conde, que, con el pretexto de reclamar su derecho al juez natural predeterminado por la ley, pretendía en realidad apartar de la instrucción a García-Castellón y que el caso Banesto fuese a parar a Moreiras.La resolución fue votada ayer por los presidentes de las siete secciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque los fundamentos de derecho tardarán unos días, en ponerse por escrito. Más que un espaldarazo al juez Manuel García-Castellón, la resolución de la Sala Tercera defiende la figura de los jueces de apoyo, que el Consejo del Poder Judicial ha utilizado con cierta frecuencia para corregir la inercia de juzgados gravemente atascados, como es el juzgado de Moreiras, o descargar de trabajo a jueces que llevan asuntos de especial complejidad.
En octubre de 1994, el Consejo del Poder Judicial destinó a Manuel García-Castellón como juez de apoyo a Miguel Moreiras por un plazo inicial de seis meses, para que se hiciera cargo de los asuntos nuevos que fuesen entrando en el juzgado central 3 de la Audiencia Nacional, mientras el juez titular, Miguel Moreiras, terminaba de instruir los asuntos atascados.
El interés público
El pasado abril, el Consejo acordó prorrogar a García Castellón por seis meses la comisión de servicios, aunque para ir concluyendo los asuntos que tenía en trámite y sin atender a los de nueva entrada. Esta prórroga, a punto de terminar, será renovada previsiblemente hoy por el Consejo del Poder Judicial, pese a la oposición de Moreiras.
El recurso de Mario Conde argüía que el nombramiento del juez García-Castellón vulneraba el principio constitucional del juez predeterminado' por la ley, que no. podría ser otro que Miguel Moreiras. En el mes de junio, al denegar la suspensión cautelar de funciones de García-Castellón que había pedido Mario Conde, el Tribunal Supremo ya dejó claro que tal medida supondría un "perjuicio grave para el interés público".
Por otra parte, el abogado Luis Jordana de Pozas ha pedido la nulidad de las declaraciones de Mario Conde y de Fernando Garro efectuadas los pasados días 11 y 12 respectivamente, en el caso Argentia Trust. Jordana de Pozas, defensor de José María Xercavins, considera, "nulas de raíz" las declaraciones de Mario Conde y de Fernando Garro, así como también Ias extrañas consecuencias que el instructor deduce de ellas".
Aberración procesal
El letrado califica de "aberra ción procesal" la pretensión de que el fiscal acuse a Xercavins por hechos por los que no ha declarado como imputado con el único apoyo de "una declaración ilegal prestada por Fernando Garro". Éste, en la de claración que hizo el pasado día 12 de este mes, terminada ya la fase de instrucción y cuya nulidad también ha pedido el ministerio fiscal, afirmó que entregó dos facturas falsas de Publitax a José María Xercavins para que las pudiera dar el visto bueno. Xercavins, que dice que nunca ha sido preguntado por esas facturas, añade que ambas se refieren a informes sobre la incidencia de la guerra del Golfo Pérsico en el mercado inmobiliario de Madrid, lo que escapaba a sus funciones de director regional del Banco Español de Crédito en Cataluña. Jordana de Pozas señala que en la actuación judicial "mayores despropósitos son difícilmente imaginables".