De la Rosa presionó sin éxito al Gobierno para que paralizara la demanda de KIO en Londres

La demanda de KIO en Londres contra Javier de la Rosa es imparable, a pesar de los esfuerzos del financiero para neutralizarla. Durante el último año, De la Rosa ha presionado sin éxito al Gobierno y al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para forzar la paralización de esa demanda, cuyo último capítulo ha sido la decisión del juez británico de obligarle a revelar el destino de los 55.000 millones de pesetas reclamados por KIO. El objetivo del financiero era forzar a los kuwaitíes a retirar la demanda en la capital británica. La vía para transmitir esa pretensión ha sido el abogado barce...

La demanda de KIO en Londres contra Javier de la Rosa es imparable, a pesar de los esfuerzos del financiero para neutralizarla. Durante el último año, De la Rosa ha presionado sin éxito al Gobierno y al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para forzar la paralización de esa demanda, cuyo último capítulo ha sido la decisión del juez británico de obligarle a revelar el destino de los 55.000 millones de pesetas reclamados por KIO. El objetivo del financiero era forzar a los kuwaitíes a retirar la demanda en la capital británica. La vía para transmitir esa pretensión ha sido el abogado barcelonés Juan José Folchi, quien mantuvo contactos infructuosos con el ex director del Cesid, Emilio Alonso, Manglano.

A preguntas de este diario, Juan José Folchi desmintió "tajantemente" la existencia de esos contactos. Sin embargo, según las fuentes que conocen los hechos, Manglano y Folchi celebraron una reunión en la que el' abogado explicó al responsable del Cesid unos supuestos pagos a partidos políticos. La información incluía a la' mayoría de fuerzas del arco parlamentario, pero no aportó ningún dato concreto. Aproximadamente' por las mismas fechas, el propio De la Rosa había transmitido un mensaje similar. a Gabriel Fuentes, comisario general de Información. En noviembre de 1992, Folchi remitió un memorándum a la fiscalía de Kuwait argumentando que la mayor parte del dinero desaparecido, 30.000 millones de pesetas, fue destinado a pagar a partidos políticos e instituciones publicas.El antiguo responsable de Torras lleva mucho tiempo insinuando la existencia de estos pagos, aunque nunca ha hecho imputaciones concretas. Mientras estaba en prisión, De la Rosa rechazó la oportunidad de explicarse porque se negó a acudir al Parlamento cuando fue citado a comparecer para aclarar declaraciones suyas anteriores sobre la financiación a los partidos políticos. A pesar de no acudir al Parlamento, el entorno de De la Rosa hizo correr una lista de supuestos receptores del dinero con el propósito de que algunos partidos citaran a estas personas.

De esta argumentación se hizo ayer eco el diario El Mundo al señalar que el "financiero aportó información sobre las cuentas y los nombres" de los titulares. Una afirmación que ayer mismo desmintió el propio De la Rosa, pero reconoció que había hecho llegar al Gobierno un simple formulario de las preguntas aprobadas por el tribunal de Londres.

Cuentas suizas

De la Rosa y sus socios afirman que los supuestos pagos se realizaron mayoritariamente en el extranjero, en las operaciones denunciadas por KIO en Londres, y sobre las que De la Rosa está emplazado a revelar su verdadero destino por los tribunales británicos. En cualquier caso, los abogados de Londres ya han descubierto que la principal transferencia, por más de 100 millones de dólares, fue a parar a . una cuenta del propio De la Rosa, según consta en la documentación de la causa civil instruida en Londres.

A pesar de todos esos movimientos, los esfuerzos de De la Rosa parecen haber resultado baldíos, pues el proceso de Londres no se ha paralizado y recientemente se ha dictado una resolución que rechaza los recursos de su defensa, que buscaban el aplazamiento de la instrucción, y obliga al financiero a revelar cuál fue el destino final de los 55.000 millones de pesetas desaparecidos del Grupo Torras y reclamados por los nuevos gestores.

De la Rosa salió de la cárcel el mes de febrero pasado, y desde entonces ha estado enviando mensajes insinuando que sus revelaciones en Londres, cuando el tribunal le obligue a declarar, serían desestabilizadoras. Diversas fuentes sostienen que los portadores de las misivas eran personajes tan dispares como abogados, relaciones públicas o destacados miembros del mundo financiero.

Paralelamente, Juan José Folchi había iniciado sus contactos con el Cesid, probablemente propiciados por el hecho de haber tenido en el pasado relaciones con personas que ocuparon posiciones importantes en el servicio de información, según han asegurado a este diario algunas personas del servicio que tuvieron relación con él.

Cuando De la Rosa fue encarcelado por el juez Joaquín Aguirre por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público, el Cesid dedicó bastan tes esfuerzos a localizar los su puestos informes que pudiera tener el detenido. Varias fuentes han confirmado a este diario que durante los cuatro meses que estuvo detenido, agentes del servicio de información entra ron en contacto . con personas de su entorno con tal fin. Entre las personas visitadas por los miembros del servicio de información se encuentran desde abogados a exmiembros del propio Cesid. La mayoría de las gestiones arrojaron un resulta do negativo.

Durante los mismos días en que el abogado de Mario Conde y Juan Alberto Perote, Jesús Santaella, era recibido por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, Folchi se reunía con el director del Cesid. El teniente general Emilio Alonso Manglano presentó su dimisión como director general de Centro Superior de Investigaciones para la Defensa, y le fue aceptada el pasado 15 de junio.

Abril de 1993

La demanda de Londres se presentó en abril de 1993. KIO reclamaba a De la Rosa, Fahad Al Sabah, Fouad Jaffar, Miguel Soler y Juan José Folchi, entre otros, más de 500 millones de dólares. Desde entonces, este proceso judicial ha avanzado vertiginosamente. En septiembre del pasado año, la Corte Comercial de Londres ordenó el embargo preventivo de los bienes de De la Rosa por 500 millones. La medida también afectó a los abogados responsables de la red de empresas exteriores utilizada por los anteriores gestores de Torras para desviar los 500 millones reclamados. La mayor parte de este último grupo, compuesto por personas como Michael Russell o Carin Parker, estaban asociados con Folchi.

La última resolución del juez que instruye la demanda obliga a De la Rosa a aportar toda la documentación necesaria sobre los movimientos realizados con el dinero y sus destinatarios o beneficiarios finales. De la Rosa ya ha. declarado públicamente que no piensa responder a las peticiones de los tribunales británicos, lo que implica que será declarado en desacato por los magistrados de la Corte Comercial de Londres.

Esto podría implicar que el embargo preventivo de 500 millones de dólares dictado contra él se transforme en definitivo.