El PSOE renuncia a endurecer la ley de protección al honor por estimarlo inoportuno

El Grupo Socialista considera políticamente inoportuno endurecer y ampliar la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen frente a los medios de comunicación. El diputado Javier Sáenz Cosculluela, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, tuvo que retirar su propuesta de que las demandas relativas a este derecho se tramiten por la vía civil y no por la penal, ante la oposición mostrada por la dirección del grupo y la mayoría de sus compañeros. "Se trata de pelas, y no de penas" dijo gráficamente Cosculluela para defender su petición.
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El Grupo Socialista considera políticamente inoportuno endurecer y ampliar la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen frente a los medios de comunicación. El diputado Javier Sáenz Cosculluela, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, tuvo que retirar su propuesta de que las demandas relativas a este derecho se tramiten por la vía civil y no por la penal, ante la oposición mostrada por la dirección del grupo y la mayoría de sus compañeros. "Se trata de pelas, y no de penas" dijo gráficamente Cosculluela para defender su petición.

Según la proposición de ley que presentó Javier Sáenz Cosculluela, avalada por las firmas de 43 diputados, en su mayoría del sector calificado de guerrista, sería perseguible la publicación o difusión de hechos que quebranten la reputación de una persona, vulneren su derecho a la presunción de inocencia o supongan violación del secreto sumarial.Tras un intenso debate, tanto de índole jurídica como de carácter político, el presidente del grupo parlamentario, Joaquín Almunia, pidió al autor de la propuesta que la retirase lo que éste hizo finalmente.

Antes de retirarla, Sáenz Cosculluela escuchó ocho intervenciones en contra de su petición y una más que podría considerarse matizada, a cargo de Tomás Rodríguez Bolaños, quien, aunque veía elementos razonables en su sugerencia, la consideraba inoportuna.

Alberto Aguiriano fue el primero en rebatirla al indicar que sería interpretada como una ley mordaza contra la prensa y que, si el PSOE la ponía en marcha, la opinión pública pensaría que, en el fondo, de lo que se trata es de proteger a los socialistas que se encuentran en la actualidad en los tribunales.

Javier Sáenz Cosculluela salío al quite de esta interpretación asegurando que su objetivo no es defender a los políticos, sino al conjunto de la ciudadanía, al margen de su relevancia pública.

Pere Jover puso de manifiesto que, en el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, la jurisprudencia, incluso la del Tribunal Constitucional, se inclina siempre en favor de esta última.

Artículo para Garzón

Una vez más, Cosculluela intentó poner ejemplos para demostrar que no se trata de un problema exclusivo de los cargos públicos. Citó el caso de la difusión de fotografías de niños que padecen sida y aludió a la secretaria del presidente del Gobierno, Felipe González, a la que antes del verano se relacionó, injustamente a su juicio, con el mal uso de los fondos reservados.Fue en vano, ya que le replicaron Fernando Gimeno, Francisco Valls, Manuel de la Rocha y José María Mohedano.

Este último dijo que el partido socialista debe hacer un importante esfuerzo por recuperar credibilidad y que, con tales iniciativas, su crédito, lejos de aumentar, disminuiría. Uno de los puntos más controvertidos de la proposición, que un diputado socialista dijo que parecía expresamente redactada para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, es el que homologa la intromisión ilegítima en el honor con la violación del secreto sumarial.

Según dice el texto, sería sancionable "la divulgación de hechos sustancialmente ciertos, pero presentados de forma sesgada con deformación, desmesura exageración o desproporción tales que causen la perturbación o perjuicio antes descritos". La propuesta pretendía castigar la vulneración del derecho al honor y a la intimidad con multas, cuya cuantía dependería del daño causado, y a las que habrían de hacer frente "los autores, directores, editores o propietarios de los medios [de comunicación] o programas de emisión".

Entre los firmantes de la proposición figuraba José Barrionuevo, quien fuese en su día ministro de Interior.