Buscaban a Perote y detrás estaba Conde

El Gobierno asegura que tiene muy claro su objetivo: recuperar la documentación sensible que el coronel Juan Alberto Perote se llevó del Cesid en 1991. El militar era jefe de la División Operativa de los servicios de espionaje y, por tanto, pasaron por sus manos todas y cada una de las operaciones delicadas -algunas de ellas ilegales- que se realizaron en la lucha antiterrorista, en el seguimiento de diplomáticos extranjeros o en la entrada de agentes en domicilios particulares.Bajo esta premisa, el Gobierno decidió en junio pasado entrar en contacto con el coronel para determinar las c...

El Gobierno asegura que tiene muy claro su objetivo: recuperar la documentación sensible que el coronel Juan Alberto Perote se llevó del Cesid en 1991. El militar era jefe de la División Operativa de los servicios de espionaje y, por tanto, pasaron por sus manos todas y cada una de las operaciones delicadas -algunas de ellas ilegales- que se realizaron en la lucha antiterrorista, en el seguimiento de diplomáticos extranjeros o en la entrada de agentes en domicilios particulares.Bajo esta premisa, el Gobierno decidió en junio pasado entrar en contacto con el coronel para determinar las condiciones en que el ex jefe del Cesid podía entregar los informes sustraídos. Fueron el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, y José Enrique Serrano, destinado en la Presidencia del Gobierno, los que enlazaron con los abogados de Perote.

En la entrevista que Serrano celebró en Presidencia con los abogados de Perote -alguno de ellos también de Mario Conde- saltó la sorpresa. Serrano escuchó de boca de los letrados las condiciones que el ex presidente de Banesto indicaba para poner fin a la continua filtración de informes confidenciales sobre el GAL, escuchas telefónicas o uso de los fondos reservados. La posición del Gobierno, según las fuentes consultadas, siempre fue contraria a entrar en negociación alguna. Serrano hizo saber reiteradamente a sus interlocutores que era impensable que el Gobierno hiciera nada ante el Banco de España o el juzgado que tramita la causa de Conde.

Ya con anterioridad, el Gobierno recibió avisos para que accediera a negociar. De lo contrario, irían aparareciendo en la prensa informaciones delicadas. A cada amenaza, siguió la difusión de actuaciones de los GAL, de la confusa muerte de la etarra Lucía Urigoitia, del acta fundacional de los GAL... Según fuentes oficiales, las amenazas se han cumplido una a una, y casi siempre a través del mismo diario.

El Ejecutivo se ha mantenido en su actitud: sólo hablará con Perote para que devuelva la documentación robada en el Cesid. La respuesta de los letrados también fue contundente en uno de los contactos de finales de agosto: o se arregla el problema de Mario Conde o no habrá, ninguna posible solución. Ahora, el Gobierno lo reconoce: el dúo Conde-Perote está chantajeando con fuerza al Ejecutivo español.