El fiscal general abre diligencias contra KAS por su amenazas a Bueren
El fiscal general del Estado Carlos Granados, ha abierto diligencias contra KAS (Coordinadora Abertzale Socialista) vinculada a ETA, por su comunicado del pasado 21 de junio en el que llamaba "sanguinario" a Carlos Bueren, juez de la Audiencia Nacional, por los incidentes del entierro de los presuntos etarras José Antoni Lasa y José Ignacio Zabala y advertía que le salpicarían "la consecuencias de su odio contra Euskal Herria".KAS también acusaba a Ramón Jáuregui, consejero de Justicia del País Vasco y líder del PSE-EE, y a Jaime Mayo Oreja, presidente del PP regional, de ser "responsables de ...
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El fiscal general del Estado Carlos Granados, ha abierto diligencias contra KAS (Coordinadora Abertzale Socialista) vinculada a ETA, por su comunicado del pasado 21 de junio en el que llamaba "sanguinario" a Carlos Bueren, juez de la Audiencia Nacional, por los incidentes del entierro de los presuntos etarras José Antoni Lasa y José Ignacio Zabala y advertía que le salpicarían "la consecuencias de su odio contra Euskal Herria".KAS también acusaba a Ramón Jáuregui, consejero de Justicia del País Vasco y líder del PSE-EE, y a Jaime Mayo Oreja, presidente del PP regional, de ser "responsables de lo GAL y del Batallón Vasco Español".
Granados considera que la nota "vierte expresiones y hace imputaciones de carácter delictivo", por lo que ha ordenado a fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Jesús Cardenal, que inicie las investigaciones "para esclarecer los hechos y determinar sus autores emprendiendo en su caso las acciones legales oportunas".
A su vez, Cardenal estima que las manifestaciones referentes a Bueren constituye "injurias y amenazas gravísimas por hechos llevados a cabo con ocasión del ejercicio de la funciones de su cargo". Asimismo, califica las afirmaciones sobre Jáuregui y Mayor Oreja de "gravemente calumniosas"
La Fiscalía del Tribunal Superior se encuentra en la actualidad investigando dos denuncias contra KAS. Una, por amenazas a periodistas en un documento interno. Otra, por calumnias y amenazas a la Ertzaintza y el PNV tras la desarticulación en 1994 del comando Vizcaya de ETA.