El debate sobre el agua

El agua es nuestro más precioso recurso natural y el mayor condicionante del desarrollo sostenible de nuestro territorio. Y lo será cada vez más. Por ello, hay que evitar que un problema tan complejo y tan vital para España se manipule demagógicamente, aunque a ello inviten las circunstancias electorales y la extrema sequía que sufrimos desde 1991.El problema más acuciante es la sequía que padecen amplias zonas del sur y del centro. Es la más grave y prolongada del siglo. Nadie niega ya su excepcionalidad, aunque primero se acusó al Gobierno. de exagerarla para justificar así los déficit hídri...

El agua es nuestro más precioso recurso natural y el mayor condicionante del desarrollo sostenible de nuestro territorio. Y lo será cada vez más. Por ello, hay que evitar que un problema tan complejo y tan vital para España se manipule demagógicamente, aunque a ello inviten las circunstancias electorales y la extrema sequía que sufrimos desde 1991.El problema más acuciante es la sequía que padecen amplias zonas del sur y del centro. Es la más grave y prolongada del siglo. Nadie niega ya su excepcionalidad, aunque primero se acusó al Gobierno. de exagerarla para justificar así los déficit hídricos estimados en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), y ahora, los mismos nos acusan de imprevisión por no haber acometido las obras de regulación cuya necesidad rechazaban antes.Desde finales del 91 al otoño del 94 las aportaciones de agua en las regiones afectadas han sido sólo el 28% de lo normal. Desde el otoño pasado se han reducido un 15%.

Muchos de los embalses terminados en los últimos años no han podido llenarse ni siquiera una vez, y la primavera que acaba ha sido peor que las anteriores. En consecuencia, las reservas se sitúan en el 12% de su capacidad, un 60% de las de hace un año, y la sobreexplotación de los acuíferos en las zonas críticas ha aumentado gravemente. Los nueve kilómetros cúbicos de reservas disponibles en 1991 se han reducido a menos de tres, lo que refleja la gravedad de la situación y, a la vez, obliga a pensar cómo hubiésemos podido hacerle frente sin las infraestructuras de regulación hiperanual, con frecuencia tan denostadas, que han permitido acumular esas reservas. Para hacer frente a esta situación extraordinaria, el Gobierno ha puesto en marcha medidas asimismo extraordinarias y obras de emergencia que no se justificarían en una situación normal y que no pueden presentarse como ejemplo de falta de previsión. Por su propia naturaleza, estas actuaciones deben ser la respuesta gradual a la evolución de una situación excepcional. No hacerlo así sería dilapidar los siempre escasos recursos públicos. Las primeras medidas se tomaron en febrero de 1992. Desde entonces se han invertido más de sesenta mil millones de pesetas para garantizar los abastecimientos urbanos. Gracias a estas medidas se ha podido evitar que, salvo el caso de Cádiz, ninguna ciudad haya padecido restricciones continuadas hasta finales de 1994.

Todas las obras aprobadas en febrero de este año se finalizarán antes de finales de julio, para asegurar la continuidad de los abastecimientos en las zonas urbanas donde la demanda se va a incrementar durante el verano, aunque para ello será necesario también un permanente ejercicio de moderación en el consumo. Esto implica ejecutar en un tiempo récord obras complejas y vencer resistencias irracionales de los intereses locales afectados. Agradezcámoslo a la profesionalidad y eficacia de nuestra Administración hidráulica.

En previsión de que la situación de extrema sequía pudiera continuar en otoño, están en estudio nuevas medidas en cuatro grandes tipos de actuaciones: explotación de nuevos pozos allí donde sea posible (aunque desde 1991 se han alumbrado ya recursos subterráneos para abastecer una región como Madrid), conexiones de los embalses todavía con recursos a las zonas deficitarias (es decir, trasvases, a mayor o menor distancia, pero trasvases a fin de cuentas), transporte por barco y construcción de plantas desaladoras modulares. Obviamente, ninguna de estas costosas medidas se pondrá en marcha antes de que se estimen necesarias, esperando que no todas lleguen a serlo.

Pero la actual sequía no hace sino reflejar, agravándolos, los problemas estructurales del agua en España, que requieren una planificación hidrológica capaz de abordar el equilibrio intercuencas y el régimen económico del agua.

Sin embargo, la falta de un consenso suficiente sobre el PHN y los importantes conflictos territoriales, ambientales y económicos suscitados durante su preparación no deben minusvalorar la intensa política hidráulica desarrollada en el actual marco legal, materializada en 600.000 millones de inversión en el periodo 1992-1995.

Estas inversiones se han dedicado fundamentalmente a la defensa contra inundaciones, que representa el 40% del total; la modernización de regadíos, con el 30% y tendencia muy significativa al alza; los abastecimientos a ciudades, que alcanzan ya el 20%, mientas que las inversiones en nuevos regadíos se han reducido al 11% de este esfuerzo inversor.

Por tanto, abastecimientos, modernización de regadíos y defensa contra inundaciones son las tres prioridades de nuestra política hidráulica. Además, en materia de recursos hídricos no convencionales, los objetivos propuestos de forma inmediata son multiplicar por ocho la capacidad de reutilización y por 15 la de desalación.

Por otra parte, existe un conjunto de cuestiones estructurales de la política hidráulica sobre las que el Gobierno ya ha avanzado sus propuestas y sobre las que sería bueno conocer también la postura de otros grupos políticos que, hasta el momento, no se puede deducir de las numerosas descalificaciones recibidas como única respuesta. Sin ánimo de ser exhaustivo, las siguientes me parecen especialmente importantes:

1. El anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional propone interconectar físicamente algunas cuencas hidrográficas para optimizar la utilización del agua en el territorio. Las críticas se han limitado a afirmar que se han calculado mal recursos y necesidades. Este tipo de cálculos siempre será controvertido y mejorable, y nunca se considerará adecuado por todos, pero, estando fuera de duda la viabilidad esencial del proyecto, existe una cuestión previa de fondo: ¿se está o no de acuerdo con la interconexión de las cuencas como principio político sobre el que sustentar la planificación hidrológica?

En este sentido, cuando el se ñor Aznar declara a la revista Ecología y Sociedad que "hay una cuestión que nos parece esencial, que es respetar la naturaleza que ha hecho España como es; es decir, tiene una zona húmeda al norte y una zona semiárida en el resto del territorio nacional, y este elemento que nos ha dado la naturaleza y la geografía nos parece que no debe intentar ser alterado sustancialmente por el hombre y mucho menos por los políticos con dinero público", ¿está optando clara y conscientemente por un modelo de desarrollo hidráulico independiente para cada cuenca hidrográfica, o es un intento más de quedar bien con el interlocutor de turno y evitar el verdadero debate?

2. El actual régimen económico del agua está basado en la repercusión al usuario de los costes de las infraestructuras hidráulicas y en la gratuidad del agua como recurso; en una imagen muy gráfica, se cobra el vaso, pero no el agua que suministra. En los debates en el Consejo Nacional del Agua sobre el Plan Hidrológico, ha ido muchas opiniones favorables a modificar este régimen, estableciendo un precio sobre el agua por tratarse de un recurso escaso. También ha habido oposiciones radicales de los sectores afectados. Es, sin duda, preciso un alto grado de consenso político para acometer cualquier modificación del régimen actual, para lo que se han avanzado propuestas sin que haya sido posible conocer la opinión del PP, distinta de las consabidas acusaciones de "voracidad recaudatoria", etcétera.

3. El Partido Popular ha exigido la elaboración de un Plan Nacional de Regadíos como condición previa e indispensable para el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cree de verdad que, en un país con déficit hídrico como España, la planificación hidrológica puede consistir en cómo obtener el agua para hacer los regadíos que se desee, o más bien es preciso considerar el agua como factor determinante de éstos? ¿Es posible elaborar un minucioso plan de regadíos sin haber fijado previamente los recursos de agua disponibles? Desde esta perspectiva, las propuestas del PP más parecen maniobras dilatorias para evitar que el PHN llegue a las Cortes que planteamientos racionales para impulsar su elaboración. 4. Se ha planteado muchas veces cómo deberán coordinarse los distintos planes de cuenca con el Plan Hidrológico Nacional. El PP exige que la aprobación administrativa de los planes de cuenca debe preceder a la del PNH. ¿Pero es que es posible que el Plan Hidrológico Nacional se limite a agregar los planes de cuenca? Sin duda, no. Por el contrario, es necesario un Plan Hidrológico Nacional que armonice, integre, racionalice, desde la óptica de un equilibrio territorial intercuencas, los planes de cada una de éstas.

El PHN no puede venir después de los planes de cuenca. Sólo sería posible si éstos fueran independientes entre sí, pero entonces no sería necesario el PNH. Precísamente porque los planes de cuenca son interdependientes, el PNH debe resultar de un proceso de planificación interactivo, a dos niveles territoriales, el de las cuencas y el del conjunto del país. Una vez más, estamos ante argumentos absurdos técnicamente que no esconden sino maniobras dilatorias de quien no quiere pronunciarse, sobre eso como sobre tantas otras cosas.

5. El ahorro y la modernización de regadíos son una imprescindible línea de actuación impulsada por el Gobierno, pero que también tiene sus límites, y no puede ser la solución mágica de los problemas. Entre otras razones, porque exigen inversiones muy importantes, dentro de una amplia gama que puede ir desde algo más de cien pesetas por metro cúbico, en función de áreas geográficas y usos del agua. ¿Pueden aceptarse en las cuencas excedentarias costes marginales de las actuaciones en ahorro cuatro o cinco veces superiores a los de las obras de regulación? ¿Pueden aceptarse los mismos costes de ahorro en abastecimiento que en, regadíos en la cuenca del Duero que en la del Segura, por citar sólo dos ejemplos de situaciones contrastadas en el uso del agua? ¿Quién va a pagar los costes de ese proceso de modernización? ¿El que ahorra el recurso que consume o el que lo suministra? ¿Puede concebirse seriamente al margen de un sistema de precios del agua que incentive el ahorro?

6. En materia de desalación, el Gobierno también se ha marcado objetivos. ambiciosos, pero, el coste del metro cúbico de agua obtenido por esta vía, entre 125 y 150 pesetas, lo limita a casos muy particulares de abastecimientos urbanos. ¿Es verosímil considerar que la solución del problema del agua es la desalación para hacer frente a una demanda de usos agrícolas? ¿O es que puede regarse de forma sistemática con agua desalada a 125 pesetas el metro cúbico?

En ocasiones, se dice que los sistemas de desalación por cogeneración permiten rebajar este coste a partir de los 30 metros cúbicos. ¿Se es consciente de que este coste sólo se consigue a través de una subvención del sistema eléctrico? ¿Por qué no se explica claramente a los ciudadanos que esta subvención deberán terminar pagándola los consumidores de electricidad? Si el Partido Popular tiene información sobre otros sistemas de desalación que permitan reducir sus costes, sería de un gran interés público conocerlos.

7. En materia de aguas subterráneas, el problema verdaderamente grave es que estamos explotando y poniendo en peligro muchos de nuestros acuíferos. Podemos, sin duda, proseguir la búsqueda de nuevas reservas y explotar aún más las existentes. En algunos casos, porque no queda más remedio. Desde 1991 hemos alumbrado reservas para alimentar una región como Madrid. Pero empiezan ya a producirse serias resistencias ambientales y territoriales a un ritmo creciente de extracciones. Si piensa el PP que no estamos haciendo lo suficiente, ¿qué acuíferos y en qué volumen explotaría?, o, por poner un ejemplo concreto, ¿estaría dispuesto a apoyar la realización de sondeos en la Sierra de las Nieves, como parte de la solución coyuntural a los problemas de abastecimiento en la Costa del Sol? ¿Está a favor o en contra? ¿O está, como siempre, en ambas posiciones a la vez? .

En definitiva, el verdadero y necesario debate sobre el agua deberá hacerse en torno a estas cuestiones El pasado periodo electoral no ha sido propicio para ello. Demasiados silencios y demasiadas apelaciones viscerales al sentimiento de agravio entre territorios. En los próximos meses tendremos ocasión, de saber hasta qué punto el agua es, además de un problema, una gran oportunidad de vertebrar y cohesionar este país.