Confusiones, retrasos y otras "chapuzas"

Las reclamaciones de los ciudadanos al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia muestran un panorama de procesos judiciales injustificadamente larguísimos, pérdidas de documentos o de plazos que privan de derechos, confusiones de identidad o de, bienes que perjudican a las personas o a sus intereses, y así hasta un total de 25 conductas judiciales calificables de chapuzas indemnizar. He aquí algunas:Tramitación "tortuosa". Socorro Ayo Ayo pide 21 millones al Estado, tras relatar el "cúmulo de despropósitos" y la tramitación "tortuosa" de un proceso, que ...

Las reclamaciones de los ciudadanos al Estado por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia muestran un panorama de procesos judiciales injustificadamente larguísimos, pérdidas de documentos o de plazos que privan de derechos, confusiones de identidad o de, bienes que perjudican a las personas o a sus intereses, y así hasta un total de 25 conductas judiciales calificables de chapuzas indemnizar. He aquí algunas:Tramitación "tortuosa". Socorro Ayo Ayo pide 21 millones al Estado, tras relatar el "cúmulo de despropósitos" y la tramitación "tortuosa" de un proceso, que motivó en 1994 el archivo de las actuaciones iniciadas ¡13 años antes!, a raiz de la muerte en Bilbao de su hija de 27 años. Las poco diligentes diligencias abiertas en 1981 se convirtieron en 1990 en el poco breve procedimiento abreviado, hasta que en 1993 el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao declaró prescrito el presunto delito que acabó con la vida de la joven, atribuido a tres personas.

Piso embargado por error. Llamarse Manuel López Fernández, igual que otra persona contra la que existía una orden judicial de embargo, originó al propietario de una vivienda en Nerja (Málaga), la subasta y adjudicación judicial de su casa. La falta de diligencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jaén, quedó de manifiesto cuando el Registro de la Propiedad se negó a practicar la anotación registral, por no coincidir los nombres de las esposas de ambos López Fernández. En 1994 se anuló todo lo actuado y el reclamante recuperó su piso. Por daños materiales, morales y gastos pide 1.276.788 pesetas.

El juez se llevó un millón. Gonzalo Cadenas reclama al Estado 1.002.417 pesetas, más intereses, importe procedente de la indemnización por un accidente de tráfico, que fue entregado el 7 de noviembre de 1990 al juez de paz de Iniesta (Cuenca), quien desapareció con el dinero.

Despido por falso insulto. Josefa Almida Moreno, despedida en 1974 por injuriar y calumniar a unas compañeras suyas, reclama 20.878.077 pesetas al Estado, porque aunque fue absuelta de tales delitos en 1991, el exceso de tiempo transcurrido le impidió formular a tiempo recurso extraordinario de revisión contra su despido. Había caducado su derecho.

Máquina desaparecida. Una reclamación no millonaria, pero sí singular, es la de María del Carmen Chacón, que pide que se le entregue la máquina de escribir, o su valor equivalente, que el Juzgado de Instrucción número 7 de León acordó devolverle y que desapareció del juzgado.