Un rico empresario de León se declaró insolvente para no tener que pagar pensión

El empresario minero Victorino Alonso, gestor de varias empresas con un volumen de negocio de 35.000 millones, se declaró insolvente para no pagar la pensión alimenticia a su ex mujer y sus dos hijas durante cuatro años. La pensión era de 60.000 pesetas al mes. La Audiencia de León ha ratificado una sentencia anterior por la cual condena a Alonso a un mes de cárcel y multa de 100.000 pesetas.

Victorino Alonso, de 43 años, es el gestor único de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor mina de carbón privada del país, y de otra veintena de explotaciones. La sentencia que ahora...

El empresario minero Victorino Alonso, gestor de varias empresas con un volumen de negocio de 35.000 millones, se declaró insolvente para no pagar la pensión alimenticia a su ex mujer y sus dos hijas durante cuatro años. La pensión era de 60.000 pesetas al mes. La Audiencia de León ha ratificado una sentencia anterior por la cual condena a Alonso a un mes de cárcel y multa de 100.000 pesetas.

Victorino Alonso, de 43 años, es el gestor único de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor mina de carbón privada del país, y de otra veintena de explotaciones. La sentencia que ahora le condena ha sido posible tras 10 años de reclamaciones de su ex mujer Mar Blanco desde su separación. La batalla era difícil; Blanco asegura que Hacienda le comunicó que su ex marido ni siquiera había realizado las preceptivas declaraciones de los años 1991, 1992 y 1993. De todos modos, fuentes judiciales consideran improbable que Alonso ingrese en prisión, dado que la condena impuesta es mínima.Pero ésta no es la única vía judicial que Mar Blanco tenía abierta. La ex esposa de Alonso presentó otras demandas derivadas de su estado civil y una querella por alzamiento de bienes contra el empresario y su actual esposa, Elena Morán. Alonso estuvo ayer "ilocalizable" para este periódico durante todo el día para dar su versión.

De ocho denuncias presentadas por Blanco en comisaría por maltratos sólo prosperó una tras un altercado en el pub Escena de la capital leonesa. Tras el juicio, Alonso tuvo que pagar a Mar Blanco 30.000 pesetas.

Blanco relata que en la primera demanda, interpuesta como consecuencia de su separación, en 1984, la abogada Margarita Martínez Trapiello pidió hasta siete veces la ejecución de la sentencia, que ya estipulaba entonces el pago de 60.000 pesetas mensuales y el domicilio conyugal (a nombre de su suegro). Pero todas las reclamaciones fueron infructuosas, ya que su ex marido oficialmente no cobraba sueldo alguno, según el testimonio de la mujer.

Sólo su toma de contacto con el colectivo feminista Themis de abogadas de Madrid reactivó el proceso que hoy continúa.

Pero Victorino Alonso es un hombre importante en León -tras aterrizar en MSP, nombró director de la explotación a Juan Antonio Martín, que estuvo 13 años en el Ministerio de Industria como director general de Minas- y sus encuentros con la Justicia no provienen sólo de las demandas de su ex mujer. Alonso se querelló, por ejemplo, contra el titular del juzgado número 6, Ireneo García Brugos ante el Tribunal Superior de Justicia por coacciones, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, proposición de cohecho y revelación de secretos. Alonso dice que el magistrado le chantajeó con petición de tratos de favor para el cupo de varias minas, propiedad de la familia del juez. El tribunal aún no se ha pronunciado. Se da la circunstancia de que el juez García Brugos investigaba supuestas anomalías en la adjudicación por Caja España de MSP.

La operación de compra de MSP viene precedida de una querella contra Alonso, de Unión Fenosa, por un presunto fraude en la calidad del carbón suministrado a la central térmica de La Robla (León), por la que la compañía eléctrica le reclama casi 2.000 millones de pesetas.

A esto se suma una denuncia en el juzgado de guardia de León de la Asociación Española para la Defensa de la Naturaleza (Aedenat) contra Alonso por importación de carbón y posterior distribución a centrales térmicas como mineral nacional, lo que podría suponer un fraude a Hacienda y una estafa a empresas eléctricas y consumidores.