Los nacionalismos y el sistema electoral se interponen en la reforma del Senado
La conversión del Senado en Cámara de las autonomías es viable, según su presidente, Juan José Laborda, tras culminar esta semana pasada el ciclo de comparecencias de los padres de la Constitución y los presidentes autonómicos. No obstante, los ponentes de la reforma tienen que afrontar dos grandes obstáculos: la posición de los presidentes nacionalistas catalán y vasco por el reconocimiento de las nacionalidades y las diferencias entre socialistas y populares sobre la forma de elegir a los senadores.
La comparecencia del presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en el Senado ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La conversión del Senado en Cámara de las autonomías es viable, según su presidente, Juan José Laborda, tras culminar esta semana pasada el ciclo de comparecencias de los padres de la Constitución y los presidentes autonómicos. No obstante, los ponentes de la reforma tienen que afrontar dos grandes obstáculos: la posición de los presidentes nacionalistas catalán y vasco por el reconocimiento de las nacionalidades y las diferencias entre socialistas y populares sobre la forma de elegir a los senadores.
La comparecencia del presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en el Senado fue acogida el viernes pasado con gran expectación. No concretó de qué forma el nuevo Senado debe recoger el hecho diferencial de las nacionalidades, pero sí descartó lo que más temían socialistas y populares: el derecho al veto de los senadores nacionalistas en los ternas que afecten a sus comunidades.El presidente del Senado cree que existen fórmulas capaces de conciliar la pretensión de Pujol. Entre ellas, la posibilidad de que los senadores de una comunidad a la que una medida afecte a su hecho diferencial -la lengua, el derecho foral o la insularidad- puedan interponer recurso de inconstitucionalidad. La Constitución exige el concurso de 50 senadores.
La cuestión es vital para los vascos. Algunos interlocutores del PNV, como el senador y ponente Ricardo Sanz, se han. manifestado a favor de este derecho de veto. Han adelantado, incluso, que esta reforma debía servir para introducir el derecho a la autodeterminación. Socialistas y populares rechazan esta posibilidad.
Leguina y el sistema británico
El segundo frente de desacuerdo, esta vez entre socialistas y populares, se refiere a la forma de elección de los senadores. El presidente valenciano, Joan Lerma, defendió un sistema proporcional desde los parlamentos regionales y en función del número de habitantes de cada comunidad.
La cohesión socialista tuvo dos excepciones, el madrileño Joaquín Leguina y el castellano-manchego José Bono. Leguina defendió el sistema británico, mayoritario, de elección por distritos con una circunscripción de un electo por cada 200.000 habitantes. Bono defendió el sistema mixto: directo y por parlamentos regionales.
La posición mayoritaria socialista, encabezada por Lerma, choca de bruces con la defendida por los presidentes del PP, cuya punta de lanza es el castellanoleonés Juan José Lucas, quien propone la provincia como circunscripción electoral. Manuel Fraga, por el contrario, defiende el sistema federal americano, esto es, que los senadores sean elegidos en número igual por autonomías.
Detrás de las posiciones mayoritarias del PP y PSOE subyace un choque de intereses. Andalucía, plaza fuerte del PSOE, dispondría de tres veces más de senadores que Castilla y León -el granero del PP-, que cuenta con 2,5 millones de habitantes. Por e 1 sistema propuesto desde el PP, Castilla y León, con nueve provincias, ganaría a Andalucía (ocho provincias) en senadores.