Los fiscales se ponen de acuerdo

EL FISCAL general del Estado, Carlos Granados, no ha tenido que hacer uso de su autoridad para imponer sus criterios contrarios a que el juez Baltasar Garzón siga investigando la supuesta falsedad de los llamados papeles de Laos. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, máximo órgano de consulta del fiscal general, le ha dado la razón por amplia mayoría. No existe, pues, obstáculo alguno para que la fiscalía de la Audiencia Nacional plantee formalmente el desestimiento del juez Garzón en ese controvertido asunto a fin de que sea un juzgado ordinario el encargado de investigarl...

EL FISCAL general del Estado, Carlos Granados, no ha tenido que hacer uso de su autoridad para imponer sus criterios contrarios a que el juez Baltasar Garzón siga investigando la supuesta falsedad de los llamados papeles de Laos. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, máximo órgano de consulta del fiscal general, le ha dado la razón por amplia mayoría. No existe, pues, obstáculo alguno para que la fiscalía de la Audiencia Nacional plantee formalmente el desestimiento del juez Garzón en ese controvertido asunto a fin de que sea un juzgado ordinario el encargado de investigarlo. Otra cosa es que el juez Garzón acepte ese punto de vista o que termine planteándose un conflicto de competencias que puede llegar al Supremo.En un asunto que no hubiera sido el de los papeles de Laos, la posición de Granados no hubiera tenido mayores consecuencias. Se habría aceptado sin más o, en todo caso, se habría discutido entre los fiscales más directamente comprometidos con el caso: los de la Audiencia Nacional y los de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que no habría pasado de ser una mera cuestión técnico-jurídica ha estado a punto de ser algo más en los papeles de Laos. Se ha hablado, seguramente con exageración, de rebelión o de pulso entre fiscales. Pero lo que sí parece cierto que ha habido es un cierto cuestionamiento de uno de los principios básicos en la actuación del ministerio fiscal: el de su unidad y dependencia jerárquica.

La postura de Granados de que sea un juzgado ordinario y no un juez de la Audiencia Nacional el que investigue la presunta falsedad de los papeles de Laos tenía sólidas razones jurídicas. Y el que ahora las avale la Junta de Fiscales de Sala del Supremo debería ser suficiente para despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto. Si el presunto delito, de falsedad se ha consumado en España, en el momento en, que los ya famosos papeles son presentados ante la juez que instruye el caso Roldán, lo procedente es que lo investigue un juzgado ordinario. Y así hubiera sido, seguramente, en un supuesto distinto que no afectara tan directamente al Gobierno.

Pero no puede aceptarse que el escenario judicial cambie y que sus reglas de funcionamiento sean distintas según los acusados y los jueces. Ciertamente, el papel central que el juez Garzón juega en los asuntos penales que afectan al Gobierno hace sospechosa cualquier iniciativa, como ésta del fiscal general, que pueda suponer apartarle de alguno de ellos. Pero, sin poner en duda su dedicación y celo en la investigación de esos asuntos, sería verdaderamente disparatado pensar que la justicia termina allí donde deja de actuar el juez Garzón. Para bien de todos, y sobre todo del juez Garzón, las cosas no son así. Pero, en cualquier caso, lo que la iniciativa del fiscal general pretente no es tanto apartar al juez Garzón del caso Laos como que no siga con (51 si no le corresponde. A su entender, no le corresponde, pero no es tarea del ministerio fiscal decidirlo, sino de los tribunales.