Una normativa para 100.000 funcionarios
La Ley de Organizacion y Funcionamiento de la Administración del Estado (LOFAGE) es conocida como la de "los gobernadores civiles", pero su alcance es muy superior. Su pretensión es nada menos que adaptar la estructura de la Administración central en la periferia al Estado de las autonomías tras la importante descentralización alcanzada.La ley afecta a 100.000 de los 300.000 funcionarios de la Administración central. Con ella pretende el Gobierno reducir y racionalizar la estructura del Estado en las comunidades autónomas y provincias. Las delegaciones del Gobierno -en las comunidades autónoma...
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La Ley de Organizacion y Funcionamiento de la Administración del Estado (LOFAGE) es conocida como la de "los gobernadores civiles", pero su alcance es muy superior. Su pretensión es nada menos que adaptar la estructura de la Administración central en la periferia al Estado de las autonomías tras la importante descentralización alcanzada.La ley afecta a 100.000 de los 300.000 funcionarios de la Administración central. Con ella pretende el Gobierno reducir y racionalizar la estructura del Estado en las comunidades autónomas y provincias. Las delegaciones del Gobierno -en las comunidades autónomas- y los gobiernos civiles -en las provincias- concentrarán las funciones actualmente dispersas en ministerios que han cedido numerosas competencias a las comunidades autónomas. Esto es especialmente aplicable a departamentos como Cultura, Comercio, Agricultura o Industria.
La ley define la dependencia jerárquica de los gobernadores civiles de los delegados del Gobierno. Estos 17 delegados, uno por cada comunidad autónoma, que tendrán rango de subsecretario, ejercerán tres funciones principales: la superior dirección de todos los servicios de la Administración General del Estado y organismos públicos en su territorio; ejercer como superior jerárquico de los gobernadores civiles, y la coordinación de la Administración central con la autonómica.
A los gobiernos civiles se les considera unidades provinciales dependientes de las correspondientes delegaciones del Gobierno. Los gobernadores tendrán rango de directores generales. La novedad más importante es que el gobernador civil se concibe como un representante del delegado del Gobierno en la provincia y primera autoridad administrativa.
El proyecto de ley ha tenido carácter polémico por la pretensión de los nacionalistas catalanes y vascos de suprimir la figura del gobernador civil.