Dinero para Yeltsin

DEFENDER LOS derechos humanos vuelve a ser labor poco agradecida en Moscú. Un año después de su nombramiento, el Parlamento de Rusia ha acordado la fulminante destitución de Serguéi Kovaliov como defensor del pueblo. La causa directa es su firme denuncia de la invasión de Chechenia por las tropas rusas y los abusos cometidos allí contra la población chechena, pero también contra los soldados rusos. La decisión no es sino un paso más en la presión de los elementos nacionalistas y comunistas para arrebatar toda influencia a los demócratas y reformistas.Es una pura coincidencia que, mientras los ...

DEFENDER LOS derechos humanos vuelve a ser labor poco agradecida en Moscú. Un año después de su nombramiento, el Parlamento de Rusia ha acordado la fulminante destitución de Serguéi Kovaliov como defensor del pueblo. La causa directa es su firme denuncia de la invasión de Chechenia por las tropas rusas y los abusos cometidos allí contra la población chechena, pero también contra los soldados rusos. La decisión no es sino un paso más en la presión de los elementos nacionalistas y comunistas para arrebatar toda influencia a los demócratas y reformistas.Es una pura coincidencia que, mientras los parlamentarios rusos se deshacían de otro demócrata, se hiciera efectiva la concesión de un nuevo crédito de 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a Rusia, el mayor desde que se iniciaron los cambios. El director del FMI, Camdessus, viajó a la capital rusa para darle solemnidad al hecho ante la opinión pública rusa. Según los economistas del FMI, ese préstamo tiene como objetivo ayudar a Rusia a reducir el déficit de su presupuesto y lograr a fin de año que la inflación se estabilice en una tasa inferior a la de años anteriores.

Ayudar al saneamiento de la economía rusa es un objetivo loable. Pero la concesión de dicho crédito tiene en estos momentos un significado político que ha despertado en Europa y en EE UU fuertes críticas. Porque el retorno a viejos hábitos en Rusia no se limita al terreno del lenguaje, sino que está teniendo ya efectos muy serios en la política presupuestaria. El viceministro de Finanzas Alachenko, uno de los reformadores que aún resistía en su cargo, ha dimitido para protestar contra una política que tira por tierra todos los cálculos del presupuesto para reforzar la política de la industria militar y del complejo agrario colectivista.

La trágica realidad rusa, con el peso creciente de las mafias en todo el sistema económico, la caída en desgracia de los reformistas y la alianza manifiesta de ultranacionalistas y comunistas contra las reformas, obliga a poner en duda que las previsiones optimistas del FMI se realicen. El crédito del FMI a Yeltsin parece así más un gesto de favor de la comunidad internacional hacia el presidente que una medida de apoyo coordinado a la transformación de la economía rusa. Y no hay últimamente muchos motivos para aplaudir y gratificar la conducta del Kiemlin. Sin embargo, la UE y EE UU insisten en la tesis de que Yeltsin es el único garante de una esperanza de democracia y reforma, y que hay que seguir ayudando a base de créditos, ya que toda alternativa es peor.

Las dudas respecto a la oportunidad de dicho crédito son muchas. Ya no es sólo Chechenia, ni la multiplicación de indicios de que ni este Parlamento ni este ejecutivo quieren profundizar en las reformas más allá de la retórica general. Son muchas también las voces que denuncian que los apoyos financieros, tal como se dan, sólo son balones de oxígeno político para Yeltsin y liquidez para alimentar estructuras administrativas enemigas de la reforma real.

Convendría por ello que, en el futuro, los Gobiernos occidentales y el FMI exigieran algo más que buenas palabras a Moscú a la hora de mostrar generosidad hacia Yeltsin. Por ejemplo, pasos concretos en la legislación que otorguen garantías a la propiedad privada, incluida la del suelo, y una mayor fiscalización del destino de los créditos. Además, claro está, de respeto a los códigos de. conducta que prohíben, por ejemplo, bombardear a ciudadanos de su propio Estado.